Fecha: 4 de mayo de 2018.
- Impartido por representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y de la Cuarta Visitaduría General de la CNDH
- Participaron servidores públicos de diversas dependencias gubernamentales
Con base en el Convenio General de colaboración que en materia de bioseguridad y derechos humanos suscribieron el 5 de diciembre del 2016, la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se realizó el Taller de Capacitación sobre Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas, cuyo objetivo primordial fue que los participantes adquirieran un conocimiento más especializado sobre este conjunto de prerrogativas, particularmente en lo relativo a los derechos de los pueblos indígenas.
Organizado por la Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM, en seguimiento a un evento similar que con la misma temática realizó el año pasado el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), este taller preparado por la Comisión fue impartido por representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la Cuarta Visitaduría General de la CNDH, y asistió personal de diversas dependencias gubernamentales cuyo trabajo está relacionado con los procesos de consulta indígena.
Al dar la bienvenida a los asistentes, la Dra. Sol Ortiz García, Secretaria Ejecutiva de la CIBIOGEM, destacó la importancia que para los servidores públicos tiene este tipo de capacitación, ya que permite adquirir mayores conocimientos para una mejor toma de decisiones en la implementación de los mecanismos que requiere toda consulta indígena.
Añadió que los derechos de los pueblos indígenas han cobrado gran relevancia, en particular el derecho a la consulta previa, libre e informada, de buena fe y culturalmente adecuada, conforme a los estándares internacionales. Recordó que la CIBIOGEM inició procesos de consulta a partir de 2016, en relación con la liberación al medio ambiente de organismos genéticamente modificados (OGMs), en zonas donde hay asentamientos de comunidades indígenas. “Al día de hoy hemos concluido 22 procesos de consulta indígena en materia de OGMs. Ha sido todo un reto, y vemos una diferencia muy notoria entre las consultas que se están dando de manera previa y las que, desafortunadamente, no se hicieron de este modo”.
Durante su intervención, la antropóloga Marisol Melesio Nolasco, de la Cuarta Visitaduría General de la CNDH, hizo un recuento histórico de los derechos humanos en México, y estableció definiciones de conceptos y principios relacionados con éstos. Entre ellos, subrayó el respeto a la dignidad de todas las personas, a lo que están más obligados todos los servidores públicos. Comentó que la Reforma Constitucional de 2011 fue significativa, ya que el artículo primero en vez de “otorgar” los derechos, ahora los “reconoce”, pues cada individuo nace con ellos.
Asimismo, apuntó que el artículo segundo constitucional establece que los derechos de los pueblos y comunidades indígenas quedan inmersos dentro del capítulo relativo a los derechos humanos, garantizando así el goce de estas prerrogativas a las personas indígenas, que “históricamente han sido víctimas de procesos en los que no se consideran sus lenguas, sus especificidades culturales, ni su frecuente condición de marginación y exclusión social”.
Al respecto, Marisol Melesio Nolasco añadió que al Poder Judicial de la Federación le corresponde la doble función de restituir a los indígenas en el ejercicio de sus derechos cuando les son violentados, y garantizar un acceso pleno a la justicia, en especial, respetando todos los derechos procesales como medio fundamental para la exigibilidad de los derechos humanos.
En su oportunidad, el licenciado Bernardo Serrano, de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, habló sobre la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, aspectos que han cobrado especial relevancia en México a partir de 2016, y se han convertido en una obligación ineludible para el Estado mexicano. Insistió en que en nuestro país ha habido un reconocimiento inadecuado de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, “lo que ha derivado no sólo en una discriminación histórica-estructural, sino también en falta de diálogo, aumento de la conflictividad y desconfianza generalizada”.
Al describir el proceso de consulta, Bernardo Serrano destacó que se requiere hacer cambios legales y políticos para dar cabal cumplimiento a los principios en que se sustenta, y que el objetivo fundamental es llegar a un acuerdo y al consentimiento colectivo. Reconoció que no existe una sola forma de hacer consultas y que cada comunidad es distinta.
“En cualquier caso –dijo citando a la Relatora Especial Victoria Tauli-Corpuz--, cualquier mecanismo o mecanismos a través de los cuales el Estado se relacione con los pueblos indígenas en relación con cualquier medida o actividad que pudiera afectarles debería ser, en sí mismo, resultado de procesos de diálogo y consulta de acuerdo con los estándares internacionales.”
Este Taller de Capacitación sobre Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas, así como el del SENASICA del año pasado, son actividades complementarias a las acciones que dan cumplimiento a las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a la recomendación 23/2015 de la CNDH, por el caso del permiso para la liberación comercial de soya genéticamente modificada en los estados de Campeche y Yucatán, lo que motivó la queja de agricultores indígenas por no habérseles consultado previamente la decisión gubernamental de otorgar dicho permiso.
Con una duración de cinco horas, al taller asistieron 91 servidores públicos de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), así como miembros del Consejo Consultivo Científico y el Consejo Consultivo Mixto, ambos órganos de consulta de la CIBIOGEM, y personal de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión.
