La evidencia científica actual indica que México ha entrado desde hace más de una década en la etapa del declive natural de la producción de hidrocarburos. Como consecuencia, México se convirtió en un importador neto de energía desde 2014.
Aunado a ello, la demanda nacional de energía ha crecido de manera continua en los últimos 60 años. Esa demanda ha sido cubierta en su mayoría por combustibles fósiles, pues las renovables representan sólo el 10.0 % del consumo total de energía (BNE, SENER 2022). Consecuentemente, las emisiones de CO2 por uso de energía en México pasaron de 317.4 millones de toneladas en 1990 a 511.97 (Global Carbon Budget 2023).
Además de esta dependencia a los fósiles, existe una enorme desigualdad social que se refleja en carencias graves de acceso a los servicios energéticos básicos. Hoy en día, más de 29 millones de personas en México cocinan con leña, y entre 2 y 5 millones no tienen acceso a la red eléctrica (ENCEVI, 2018). Tomando en cuenta estos elementos, el impulso a una transición energética justa y sustentable resulta imperativo para nuestro país. Por ello, el Pronace impulsa una transformación integral, que busca desencadenar acciones para reducir el consumo de energía, aumentar la participación de las renovables y asegurar un acceso justo a la energía.