Como parte del Seminario Permanente “La ciencia es tu derecho”. Reflexiones críticas sobre políticas, normas e instituciones, el Conacyt llevó a cabo la segunda mesa del webinario titulada “Los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en la nueva Ley General en materia de HCTI”.
En esta sesión, los participantes coincidieron en el impostergable deber de generar políticas públicas que hagan efectivas las condiciones de pluralidad epistémica e interculturalidad de nuestro país, aplicando los criterios establecidos en la nueva Ley General en materia de HCTI.
En su participación, Francisco López Bárcenas, mixteco integrante de El Colegio de San Luis (Colsan), destacó la importancia de promover la pluralidad epistémica, reconociendo el valor de los diversos conocimientos, sus categorías particulares, sus formas de producirlos y sus múltiples utilidades sociales, así como el uso de sus lenguas en la difusión de sus conocimientos. Señaló que “hay que recabar el consentimiento de los pueblos, los investigadores tenemos que recabar el consentimiento para entrar a sus territorios, que sepan qué andamos haciendo y para qué va a servir lo que estamos haciendo, qué beneficios pueden obtener ellos y en qué pueden participar. Hay que incluirlos como investigadores, lo más que hacemos es incluirlos como informantes, eso sigue siendo muy discriminatorio. Que el conocimiento sirva para resolver problemas de los pueblos y de la nación”.
Por su parte, Claudia Araceli Mendoza Antúnez, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó que el contenido de la Ley posibilita una ruptura con el paradigma dominante del modelo de racionalidad científica colonial y de la mercantilización del conocimiento; es lo que se puede resumir como un interés para la construcción decolonial. Se trata de materializar la interculturalidad como principio rector del Estado mexicano y promover un constitucionalismo intercultural por medio de la participación de los pueblos indígenas en la vida pública del país. Resaltó que lo que se requiere ahora es la construcción de un Estado intercultural que reconozca y respete la existencia de diversas culturas, así como que trabaje por la deconstrucción de la dominación epistémica, capitalista y colonizadora.
Carlos Salvador Ordóñez Mazariegos, profesor-investigador de la Academia de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, expuso que la Ley es una nueva fórmula para ir más allá de descolonizar los saberes. Destacó que el Proyecto de Ley es un texto muy importante para ampliar los horizontes particularmente de quienes trabajan como investigadores desde un activismo político, es decir, en el sentido de no diferenciar lo académico de las actividades políticas. Asimismo, indicó que desde las universidades e instituciones de educación superior debe impulsarse la participación de los pueblos y comunidades indígenas.
Por su parte, Erika Liliana López López, integrante del Programa Investigadoras e Investigadores por México, relató que todo reconocimiento de derechos es cuestión de celebrarse, no obstante, para que el derecho humano a la ciencia pueda ejercerse debe reconocerse la violencia estructural y la desigualdad en la que continúan viviendo los millones de personas que integran los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Resaltó que el acceso universal al conocimiento sólo es posible si se garantizan de manera paralela y previa los derechos a la educación, a la alimentación adecuada, a la salud y a una vivienda digna, pues la falta de acceso a estos derechos perpetúa estructuras de discriminación y jerarquización social en las que los pueblos y comunidades indígenas han ocupado una posición de subordinación.
En su intervención, Jacobo Mérida Cañaveral, profesor visitante en la Facultad de Derecho de la UNAM, comentó que la definición del derecho humano a la ciencia es importante no sólo para poder acercarnos a los contenidos científicos sino también para generar ciencia. Destacó que este derecho humano debe de estar respaldado por el Estado y esta Ley crea las condiciones necesarias para el acceso al conocimiento y su promoción desde los pueblos y comunidades indígenas. Reconoció que el Proyecto de Ley abre la posibilidad de realizar un trabajo científico alejado del concepto de ciencia elitista, pues contempla una ciencia democratizadora no sólo en el acercamiento de los contenidos sino también en la generación del conocimiento.
La segunda mesa “Los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en la nueva Ley General en materia de HCTI”, fue moderada por Alejandra Elodia Straffon Díaz, directora de Energías y Cambio Climático del Conacyt.
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