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A través de un intercambio de conocimientos abierto, diverso y con rigor académico, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) reunió a investigadores en el Seminario Permanente “La ciencia es tu derecho. Reflexiones críticas sobre políticas, normas e instituciones”, con el objetivo de analizar los fundamentos, principios y alcances del proyecto de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI), a fin de garantizar un cambio de paradigma en la política científica del país que haga efectivo el ejercicio del derecho a la ciencia.  

En el marco del Seminario Permanente “La ciencia es tu derecho”, el Conacyt ha llevado a cabo webinarios abiertos al público para analizar y robustecer distintos enfoques contenidos en el proyecto de la Ley General en materia de HCTI, el cual deberá ser discutido, y en su caso aprobado, en el Congreso de la Unión. 

En la primera mesa sobre “La superación del paradigma neoliberal en la primera Ley General en materia de HCTI”, las y los ponentes coincidieron en actualizar el marco jurídico que rige el quehacer científico con un enfoque alejado de los intereses mercantiles. El coordinador de la Red Internacional de Investigación de la Economía Social desde la Epistemología del Sur, Ricardo Contreras Soto, destacó que el proyecto de ley impulsado por Conacyt promueve la independencia científica y tecnológica de México frente a empresas del sector privado y entidades extranjeras; además,  fortalece la incidencia efectiva en las políticas globales de investigación y una cultura científica humanística basada en el rigor epistemológico, el diálogo de saberes, la producción horizontal y transversal del conocimiento, así como en la pluralidad y equidad epistémicas, la interculturalidad y el trabajo colaborativo.

La profesora del Departamento de Posgrado de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Veronika Sieglin Suetterlin, destacó que con esta iniciativa se aprecia la disposición del Estado para atender las opiniones, experiencias y críticas vertidas por la comunidad, ratificando la voluntad de crear un sistema público de ciencias que no obedezca únicamente a los intereses de los sectores más poderosos, sino que incluya a toda la población.

Sin embargo, planteó la necesidad de una profunda reforma universitaria, dado que el Estado puede garantizar con esta Ley General la libertad de investigación. En su glosa señaló que las bases académicas y científicas no son libres, “son terriblemente dependientes y, sin una reforma, las buenas voluntades y disposiciones del macronivel que se expresan en esta ley, van a chocar contra la alta burocracia universitaria”.

En abono a ello, el coordinador del Programa Nacional Estratégico (Pronaces) “Agentes tóxicos y procesos contaminantes”, Andrés Barreda Marín, recordó que, al interior de las universidades proliferó una serie de métodos de clasificación de lo que debería ser apoyado en la investigación científica; esto afectó profundamente en la selección temas de investigación y de perfiles de investigadores.

En opinión del presidente de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), Víctor Alejandro Espinoza Valle, el cambio de paradigma debe tener continuidad porque las resistencias no sólo se superan con voluntad, sino con un trabajo de cambios profundos y estructurales; “vamos avanzando en términos de romper muchas inercias de una ciencia que era útil para el mercado; ahora, la orientación es hacia una ciencia útil para la sociedad”.

En la segunda mesa, relativa a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en el proyecto de Ley General en materia de HCTI, las y los participantes coincidieron en la necesidad de construir un Estado intercultural para que los pueblos indígenas gocen de los beneficios del progreso y del conocimiento científico.

El integrante de El Colegio de San Luis (Colsan), Francisco López Bárcenas, explicó que la producción horizontal del conocimiento que se propone en la ley posibilitará atraer los saberes tradicionales al conocimiento científico y hacer investigaciones con el consentimiento de los pueblos; “hay que incluirlos como investigadores, lo más que hacemos es incluirlos como informantes y eso sigue siendo muy discriminatorio. Que el conocimiento sirva para resolver problemas de los pueblos y de la nación”.

Por su parte, la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Claudia Araceli Mendoza Antúnez, indicó que la propuesta de ley permite una ruptura con el paradigma dominante del modelo de racionalidad científica colonial y de la mercantilización del conocimiento para avanzar hacia la materialización de la interculturalidad como principio rector del Estado mexicano, de la búsqueda de la eficacia de un constitucionalismo intercultural, a través de la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la vida pública del país.

“Lo que debe plantearse es la mera descripción de la existencia de diversas culturas, pasar de la tolerancia al respeto y, a partir de ahí, trabajar en un proceso de deconstrucción de la dominación epistémica, capitalista y colonizadora”, dijo. 

El profesor-investigador de la Academia de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Carlos Salvador Ordóñez Mazariegos, expuso que el texto de la Ley General en materia de HCTI es de gran relevancia para ampliar los horizontes de quienes trabajan como investigadores desde un activismo político y conseguir que los impulsos institucionales no sólo tengan mayor sensibilidad política, sino un presupuesto dirigido a las instituciones que quieren impulsar o desarrollar programas de maestría.

La jefa del Departamento de Docencia del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, de la UNAM, Erika Liliana López López y el profesor visitante en la Facultad de Derecho de la UNAM, Jacobo Mérida Cañaveral, coincidieron en que el concepto de ciencia se democratiza en el actual proyecto de ley, no sólo en el acercamiento de los contenidos, sino también en la generación del conocimiento. Incluso cuando deben celebrarse iniciativas así, precisaron que es indispensable garantizar de manera paralela y previa el acceso a la educación, a la alimentación adecuada, a la salud y a condiciones de una vivienda digna. 

En la clausura del ciclo con la última mesa “El derecho a la ciencia y la ciencia del Derecho”, el director del Programa de Doctorado en Derecho de la Universidad Panamericana, Hugo Saúl Ramírez García, afirmó que además de los componentes de acceso, libertad y beneficios del conocimiento, la propuesta de ley también incorpora los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad, que son nociones características de la ética y de una justicia basada en derechos humanos. “En este sentido, el derecho a la ciencia toma carta de nacionalidad, de pertenencia plena al conjunto de derechos que integran los derechos humanos”, remarcó.

Para el profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, Walter Martín Arellano Torres, el purismo científico es una práctica que, en el afán de las y los científicos de buscar desesperadamente una objetividad impoluta, se vuelve un mecanismo excluyente de otras cosmovisiones y otros saberes que no comparten sus premisas y supuestos epistemológicos, por lo que es indispensable que una ley integre y no margine la diversidad de conocimientos:

“Aquí vemos que hay una apertura a lo no científico y se abraza a otros saberes que en muchos momentos fueron excluidos. El derecho a la ciencia, desde mi perspectiva, tiene la suerte tal de ser una especie de derecho colmena donde convergen otros derechos, como el derecho a la educación, que tal vez es el más importante, llave que abre otras puertas… Aquí se habla del derecho humano como fundamento de la política pública, es decir, busca que sea un derecho humano accesible, tangible y materializado”, puntualizó el catedrático. 

La defensora de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, recalcó que el progreso científico se ha asociado a la noción de un “desarrollismo”, muy enfocado a los beneficios económicos o a aquellos que no tienen un carácter primordialmente social. Reconoció que el nuevo planteamiento de la ley permite reflexionar sobre que “existe otra noción que tiene que ver justamente con ubicar esa idea del progreso científico a través de una contextualización sobre la situación moral y espiritual que nos refieren concretamente a la humanidad, en torno a que es el progreso el que permite alcanzar la liberación del sujeto”.

Finalmente, el director del Seminario de Filosofía del Derecho de la UNAM, Jimi Alberto Montero Olmedo, abordó el “progreso moral” de la ciencia, ya que “aunque ésta sea capaz de producir formas de exterminio, prácticas o formas que posibiliten el exterminio masivo, no significa que tengamos que hacerlo. El quehacer científico requiere orientación, límites, objetivos, y éstos no vienen propiamente de la ciencia, sino vienen de otros ámbitos, particularmente bien de la ética, de la filosofía política y, por supuesto, del derecho de la filosofía jurídica”.

El ciclo “Reflexiones críticas sobre políticas, normas e instituciones” se llevó a cabo a través de tres mesas que pueden consultarse en los siguientes enlaces:

Mesa I “La superación del paradigma neoliberal en la primera Ley General en materia de HCTI”: https://bit.ly/3qn3jnD.

Mesa II “Los derechos de los pueblos indígenas en la nueva Ley General en materia de HCTI”: https://bit.ly/3D3Iaq7.

Mesa III “El derecho a la ciencia y la ciencia del Derecho”: https://bit.ly/3RqCo6e.

Comunicado 322/2022
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