Panelistas exponen la incidencia de la política de HCTI en la atención de los grandes problemas nacionales

  • Tuvo lugar la tercera mesa del Seminario Permanente “La Ciencia es tu Derecho, Reflexiones críticas sobre políticas, normas e instituciones”, coordinado por el Conacyt.
  • Las y los participantes compartieron reflexiones críticas sobre la economía, el ambiente y el acceso a la información.
  • Coincidieron en la relevancia del anteproyecto de Ley General en Materia de HCTI, donde se garantiza el pleno ejercicio del derecho humano a la ciencia con una perspectiva social e incluyente.

Autor
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Fecha de publicación
17 de noviembre de 2021

Categoría
Comunicado

Panelistas de la Mesa III del Seminario Permanente “La Ciencia es tú Derecho”

Como parte del Seminario Permanente “La Ciencia es tu Derecho. Reflexiones críticas sobre políticas, normas e instituciones”, organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se llevó a cabo la mesa III “La incidencia de la política de HCTI en la atención de los grandes problemas nacionales”, en la que cinco panelistas expusieron enfoques deseables y adecuados para aplicar la ciencia y la tecnología a la superación de los grandes retos de México con una perspectiva social.

La Dra. Cristina Pouliot Madero, titular de la Unidad de Planeación, Comunicación y Cooperación Internacional del Conacyt, dio la bienvenida a las y los expositores y mencionó que el Consejo ha puesto en marcha 10 Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces) con el objetivo de investigar, atender e incidir en la búsqueda de soluciones ante los problemas más apremiantes del país, como son salud; agua; educación; seguridad humana; soberanía alimentaria; agentes tóxicos y procesos contaminantes; energía y cambio climático; sistemas socioecológicos, vivienda y cultura.

El Dr. Octavio Rosas Landa Ramos, de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, expuso que, durante 36 años, el gobierno mexicano se desempeñó bajo un modelo de gestión dirigido al acaparamiento privado de la riqueza nacional, que detonó en diversas crisis en ámbitos de la vida económica, política y cultural del país, incluyendo el sistema nacional de las HCTI. Mencionó que se pervirtió al Estado “como un facilitador de inversiones y negocios”, además de institucionalizar la cooperación transaccional como modelo de las relaciones políticas y la gestión de asuntos públicos. Por ello, manifestó que es imprescindible la redefinición de las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación para que contribuyan efectivamente a la solución de los problemas más urgentes del país, con un énfasis especial en el bienestar social y la restauración del medio ambiente, en colaboración con las comunidades locales o sectoriales y la comunidad académica.

Expuso también que la nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación deberá definir los compromisos específicos del Estado para fomentar el desarrollo del conocimiento universal, así como la investigación de frontera.

Posteriormente, el Dr. Antonio Arellano Hernández, de la Universidad Autónoma del Estado de México, propuso dimensionar los dispositivos de investigación nacionales, a partir del “Plan de reestructuración estratégica del Conacyt para adecuarse al Proyecto Alternativo de Nación (2018-2024)”, documento base de la nueva política de ciencia y tecnología en el país. Señaló que la propuesta plantea tomar una ruta para la atención de los problemas nacionales y la generación de conocimiento teórico e instrumental, capaz de alertar y orientar acciones públicas, con objeto de responder a los retos de interés público en México. Señaló que estos deben definirse mediante un proceso de discusión ordenado y consensuado.

En su intervención, el Dr. Gustavo Aviña Cerecer, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, reconoció la sensibilidad del Conacyt para considerar a las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación como un bien público. Señaló que el conocimiento científico gestionado o financiado con el apoyo del Estado debe ser parte del patrimonio nacional. En este sentido, advirtió que se requieren mecanismos de control participativos, incluyentes y democráticos en su diseño, aplicación y evaluación. Además, manifestó la necesidad de contar con diagnósticos destinados a la determinación comunitaria, grupal o institucional de las problemáticas a resolver.

Asimismo, destacó la pertinencia del Plan Institucional del Conacyt 2020-2024, donde se definen las políticas públicas que permitan resarcir el daño provocado por los gobiernos neoliberales a las ciencias, tecnologías y humanidades. Resaltó el valor diagnóstico del Plan en la construcción de indicadores y señaló la dificultad de acceder a la información que permita conocer los avances sobre los distintos programas para el desarrollo estratégico en materia de ciencia y tecnología.

Posteriormente, el Dr. Antonio Mendoza Hernández, de la Universidad Autónoma Metropolitana, subrayó el papel de los sujetos sociales como “sujetos de acción y no de atención”, en el sentido de que son fuerzas productivas y actores del cambio. Afirmó que debe procurarse que las formas de acción colectiva prosperen, pues están integradas por comunidades epistémicas y políticas que producen conocimiento, satisfacción de necesidades y gestión de relaciones de poder.

Reconoció que el Anteproyecto de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación garantiza el derecho humano a la ciencia y señala los objetivos particulares de la nueva política en la materia, además de que visibiliza al sector social. Manifestó también que las economías sociales solidarias son una opción para resolver los problemas del país, ya que representan una fuerza productiva nacional cuya racionalidad económica está encaminada a la generación de trabajo e ingresos, además de que contribuyen con la disminución de las brechas de desigualdad y marginación que existen en la población mexicana.

Por último, la Dra. Vania del Carmen López, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, agradeció a la Dra. María Elena Álvarez-Buylla por abrir espacios de reflexión sobre la importancia de la ciencia para el desarrollo nacional, con el objetivo de enriquecer el Anteproyecto de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Además, señaló que México se caracteriza por contar con un sistema alimentario ineficiente, desde el punto de vista de la producción y distribución; injusto, por el acceso inequitativo a los alimentos, e inadecuado, desde la perspectiva nutricional y de salud. Criticó el abandono de la producción agrícola tradicional, como consecuencia de haber puesto el conocimiento científico y la tecnología al servicio del capital.

Manifestó que la soberanía alimentaria debe ser uno de los objetivos fundamentales de la política y normativas en materia de las humanidades, ciencias, tecnología e innovación, pues permitirá reducir las desigualdades sociales y económicas, así como contribuir al cuidado y restauración del ambiente. Celebró que el Anteproyecto de Ley General en HCTI no tenga una perspectiva mercantilista, que conciba a la ciencia como bien común y que tenga como prioridad las necesidades humanas básicas.

El video de la sesión en la que se desarrolló la Mesa III “La incidencia de la política de HCTI en la atención de los grandes problemas nacionales” está disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3Cl6O1l

Cabe recordar que el Seminario Permanente “La Ciencia es tu Derecho” continuará a lo largo del mes de noviembre de 2021, todos los martes y viernes, de las 10:00 a las 12:00 y será transmitido en vivo a través de las redes sociales del Conacyt, en Facebook y Youtube.

Participaron:

En la tercera mesa del seminario permanente “La Ciencia es tu Derecho” participaron de forma virtual Cristina Pouliot Madero, titular de la Unidad de Planeación, Comunicación y Cooperación Internacional del Conacyt; Octavio Rosas Landa Ramos, investigador de la Facultad de Economía de la UNAM; Antonio Arellano Hernández, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México; Gustavo Aviña Cerecer, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; Antonio Mendoza Hernández, investigador del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, y Vania del Carmen López, investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

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