- Especialistas internacionales concluyeron que el gobierno de México cuenta con argumentos científicos y jurídicos sólidos sobre acciones en la materia
- Desde una visión crítica, coinciden en que México ha cumplido obligaciones internacionales a favor de la salud de las personas y la diversidad biológica y cultural
- Con el cumplimiento del decreto presidencial por el que se establecen diversas acciones en la materia México garantiza otros derechos sin afectar economía ni el comercio
Autor
Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías
Fecha de publicación
17 de mayo de 2023
Categoría
Comunicado 388
En el marco del foro científico internacional sobre los daños y riesgos para la salud por consumo de maíz transgénico y la regulación internacional, organizado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt) en concurrencia con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), especialistas concluyeron que existen argumentos científicos y jurídicos sólidos que sostienen las acciones del gobierno de México respecto al maíz transgénico y el glifosato, sin que ello afecte la economía ni el comercio internacional.
En conferencia de prensa, las personas expertas dieron a conocer diversos argumentos sobre la regulación internacional de los organismos genéticamente modificados (OGM), coincidiendo en que México avanza en la ruta correcta al implementar mecanismos para prescindir del maíz transgénico en el consumo humano y sustituirlo gradualmente en la alimentación animal, además de dejar atrás el uso del herbicida glifosato, anteponiendo en todo momento el principio precautorio, en aras de cuidar la salud de la población y el ambiente por encima de los intereses comerciales.
El consejero titular del Institute for Agriculture & Trade Policy (IATP, por sus siglas en inglés) e investigador de la Tufts University en Estados Unidos, Timothy Wise, aclaró los falsos señalamientos sobre repercusiones económicas que habría en México por las restricciones al maíz transgénico y el glifosato, pues, comentó, se basan en un estudio presentado por empresas biotecnológicas que han mentido sobre los rendimientos superiores de los cultivos genéticamente modificados.
“En marzo, la representante de intercambio comercial, Katherine Tai, dijo que las políticas de México amenazaban con quebrar el flujo de miles de millones de dólares en el intercambio comercial, pues no hay ninguna evidencia creíble que apoye ese reclamo y se base en estudios financiados por la misma industria y que resultan obsoletos.”
Sobre lo que dice el T-MEC acerca de los OGM, Wise aseveró “México no realiza incumplimiento, pues el documento establece ‘el derecho soberano a establecer niveles propios de protección ambiental’, promoviendo y fomentando la conservación sostenible de la diversidad biológica”.
Por su parte, el integrante de Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires, Marcos Filardi, refirió sobre la problemática en torno al por qué las instancias regulatorias siguen aprobando eventos transgénicos y agrotóxicos a pesar de la creciente evidencia de los daños asociados a la salud y la violación de diversos derechos humanos.
“Esto tiene que ver con los grandes intereses económicos en juego. Estamos hablando de un oligopolio que detenta casi todo el control. […] Cuando hay investigaciones críticas a los impactos de agrotóxicos y transgénicos, este puñado de oligopolios ejerce su poder al interior de las instancias regulatorias para introducir estos productos al mercado y maximizar ganancias.”
Filardi ahondó en la importancia de que los Estados, como es el caso de México, “avancen en las previsiones pertinentes, con base en la abrumadora evidencia científica de los daños que generan los agrotóxicos y los OGM”, para que las instancias regulatorias en la materia “estén a la altura de defender los derechos humanos de las personas, como la vida, la integridad, el ambiente sano, la salud física y mental, el agua y saneamiento, así como la alimentación adecuada, entre otros”.
“Los Estados parte de tratados internacionales, deben garantizar sus medidas, avanzar en previsión, restricción y regulación de agrotóxicos para el pleno goce de los derechos humanos de la sociedad. El principio de precaución es una obligación para los Estados, implica que adopten medidas eficaces de aplicación, como un mecanismo insoslayable arraigado a los derechos humanos.”
Sentenció que “las medidas implementadas por el gobierno mexicano, de prohibir el maíz transgénico y el glifosato, van en la dirección correcta, relacionado con la demandada por los órganos de protección internacional de derechos humanos; y expresan el cumplimiento de México de sus obligaciones bajo esos tratados internacionales”.
El director de Alliance for Bio-Integrity de Estados Unidos, Steven Druker, comentó que algunas agencias regulatorias en ciertos países, como Estados Unidos, Canadá y los de la Unión Europea, ocultan información y se niegan a aceptar la evidencia científica sobre los daños y riesgos relacionados con el consumo de alimentos hechos a base de transgénicos, favoreciendo a las empresas agrobiotecnológicas que, a su vez, se han encargado de distorsionar la ciencia para vender sus productos.
“Se exigían pocos estudios toxicológicos en alimentos y éstos no eran suficientemente largos y, por lo tanto, no permitían medir adecuadamente la inocuidad de los alimentos. Se ha engañado al público acerca de estudios que eran totalmente bien diseñados e importantes.”
Sobre el decreto del gobierno mexicano para prohibir el uso de maíz transgénico para consumo humano, recalcó que “es excelente y podría extenderse eventualmente a otros OGM, porque ninguno de ellos se ha demostrado que sea seguro con base en estándares científicos rigurosos”.
El investigador de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil, Rubens O. Nodari, expresó y coincidió en que existen numerosos estudios científicos que comprueban los riesgos y daños a la salud asociados con el uso y consumo de maíz transgénico y la exposición a glifosato, y evidenció las prácticas desleales en investigaciones que avalan a los cultivos transgénicos y la aplicación de herbicidas.
“Todos los transgénicos y herbicidas nunca debieron ser autorizados, porque no hubo estudios robustos sobre sus riesgos, debieron ser prohibidos todos, sin excepción. No nos hacen bien ni generan rendimientos o lucros favorables a las y los productores, en comparación con mecanismos más orgánicos. La pregunta es cuándo vamos a parar los transgénicos y agrotóxicos.”
Reiteró que la exposición al glifosato por parte de la población del sector agrícola y la sociedad en general representa un severo daño a la salud y contamina los cuerpos de agua y al ambiente. “Hay otra centena de artículos que ligan éste al cáncer, autismo y a otras enfermedades en humanos; en Brasil, 90 por ciento de los cursos de agua están contaminados con glifosato”.
La conferencia de prensa, que reúne una visión multidisciplinaria de expertos en el tema y con amplia trayectoria internacional, puede consultarse en el siguiente enlace: https://t.co/iZAkvQWCou
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