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Con el fin de analizar las objeciones hacia la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI) y los posibles efectos de la resolución que al respecto emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) reunió a personas expertas que, desde un enfoque crítico, sumaron argumentos en defensa de la ley general, para un ejercicio pleno y efectivo del derecho humano a la ciencia en México.

El foro “La Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el escrutinio público: El juicio sobre la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación como un punto de inflexión para la ciencia en México”, expuso la voz de personas legisladoras, servidoras públicas, juristas y especialistas en Derecho y Justicia Constitucional para informar a la comunidad HCTI sobre la situación que guardan los procesos jurisdiccionales en torno a la SCJN y su relación con la LGHCTI.

La consejera jurídica del Ejecutivo federal, María Estela Ríos González, explicó que, a diferencia de lo que ocurría en el pasado —cuando el país importaba modelos científicos y técnicos obsoletos, que eran adquiridos como novedosos y caros—, actualmente México tiene la capacidad de producir investigaciones, tanto científicas como humanísticas, gracias al nuevo modelo HCTI que se impulsa y que se fundamenta en la ley general.

“El que nosotros seamos capaces de construir ciencia y técnica, me perece sumamente importante porque tiene que ver con un sentimiento de dignificación de nosotros mismos, porque vivíamos en la idea de que sólo lo extranjero sirve, que sólo lo que nos traen los colonizadores es bueno y no es así. Con la LGHCTI vamos a poder demostrar que México es capaz de construir ciencia, aterrizada al bien del pueblo.”

María Estela Ríos remarcó que el país cuenta con las capacidades “para convertirnos en expertos, porque vivimos una realidad cambiante que requiere explicaciones sociológicas, económicas, políticas, y requiere construir ciencia para seguir avanzando”, lo cual está garantizado con esta ley general.

“Por ejemplo, los ventiladores Gätsi y Ehécatl 4T, o la vacuna Patria, me llena de entusiasmo porque sé que sí podemos, que no debemos tener una mentalidad colonizada respecto de lo que es la ciencia, de lo que es el conocimiento; sino que somos capaces de construir ese conocimiento y esa ciencia.”

La consejera jurídica exhortó sobre la necesidad de renovar la teoría jurídica en México, “también en el campo del Derecho tenemos que crear ciencia del Derecho. Tenemos que construir una nueva teoría jurídica que responda a la realidad y al nuevo modelo de país que estamos construyendo, porque si no, simplemente lo que hacen los juristas de hoy es repetir cosas bajo el argumento de autoridad, que tiene su validez en la expresión ‘porque lo digo yo’. Y no, tenemos que hacer ciencia del derecho, ciencias humanas, ciencia básica y tecnología, desde luego.”

En tanto, la consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, Lenia Batres Guadarrama, ahondó en torno a la voluntad que hay en la LGHCTI para ser un instrumento normativo anticorrupción y recuperador de recursos para el desarrollo de las ciencias en favor del país.

“Por un lado, garantiza que todas las y los mexicanos tengamos derecho a la ciencia, pero al mismo tiempo se obliga al Estado a hacer ciencia y a promoverla para el desarrollo del propio país y de los mexicanos”. Además, el proyecto de ley general HCTI abrió una forma nueva de legislar y de darle contenido a las principales obligaciones del Estado, complementó. 

Durante el cierre de este foro, abierto y plural, la directora general del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, afirmó que México necesita “una ciencia transformadora, comprometida y apegada a la realidad que, además, goce de sustento material que es el ambiente y que sea congruente con una ciencia jurídica para el bienestar de la humanidad”, tal y como se establece en la Ley General HCTI.

Enfatizó en que, hasta este día, el Conahcyt no ha sido notificado de ninguna determinación judicial que suspenda con efectos generales la aplicación de la LGHCTI, por lo que se encuentra en pleno vigor, a pesar de los embates jurídicos y discursivos que, engañosamente, buscan desprestigiar una ley que se funda en el derecho humano a la ciencia y es habilitador de otros derechos fundamentales para la vida digna de las y los mexicanos. 

“Debemos tener claro que, quien está en contra de la Ley General HCTI, está en contra del derecho humano y el quehacer humanístico, científico y de innovación tecnológica. Con ello también se colocan como adversarios del derecho humano al agua, a una vivienda digna, a un ambiente saludable, a una alimentación suficiente, a una vida en paz. Se colocan (los opositores de la LGHCTI) en contra de todos los derechos humanos de esta y de futuras generaciones. Por ello, es fundamental defender esta ley que ha dado ya como resultado muchísimos actos positivos.”

Álvarez-Buylla Roces reivindicó que el marco normativo en cuestión es una ley pensada desde un horizonte de derechos humanos, que apuesta por su progresividad y modelo garantista, al asegurar que el conocimiento, la pluralidad epistémica y el respeto a las culturas milenarias sean bienes comunes y no mercancías.

“El derecho humano a la ciencia, que garantiza esta primera Ley General HCTI, es un derecho social que convive con la libertad de investigación, fundamental para reivindicar el interés público frente a la mercantilización del conocimiento y los servicios tecnocientíficos.”

Finalmente, destacó que es muy importante estar informados y participar en la defensa de la Ley General HCTI, “porque ahora está en manos de las y los ministros, quienes tienen detrás muchos y diversos intereses presionando su actuar para que se anule, lo cual significaría un acto regresivo histórico en contra del derecho humano a la ciencia y otros derechos fundamentales”.

Durante su participación en este foro realizado el 23 y 25 de octubre, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Conahcyt, Raymundo Espinoza Hernández, expresó que el diseño y entrada en vigor de la LGHCTI es un hito que rompe las prácticas de privatización del sector HCTI implementado en el periodo neoliberal, consolida la transformación institucional y garantiza el ejercicio pleno y efectivo del derecho humano a la ciencia.

“Estos son hechos y no palabras ni opiniones, y por estos hechos es que la primera LGHCTI debe conservar su vigencia y mantenerse como un astro luminoso que guía y contribuye a la transformación de la sociedad y del sistema jurídico de nuestro país, hacia un horizonte posneoliberal de mayor igualdad y bienestar para el pueblo de México.”

La coordinadora de Programas para la Formación y Consolidación de la Comunidad del Conahcyt, Liza Elena Aceves López, afirmó que con la primera LGHCTI se pone al centro de la vida pública nacional el derecho humano a la ciencia “y no el derecho de unos cuantos por controlar el recurso de la ciencia a favor de sus intereses”.

“Lo que está al centro es el derecho de toda la sociedad a gozar de los beneficios de la ciencia. Se trata de una ley no para un gremio específico, sino para un país y para el cual los recursos públicos deben estar orientados”.

Respecto al diseño y proceso legislativo de aprobación de la LGHCTI, la coordinadora temática de Educación, Ciencia y Tecnología del grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), María Eugenia Hernández Pérez, remarcó que tuvo consenso amplio, plural y democrático, en el que se tomaron en cuenta múltiples ideas, opiniones y expresiones de diversos sectores de la sociedad para enriquecer y fortalecer la iniciativa original.

“Garantizar el derecho humano a la ciencia a las y los mexicanos no debería generar debate, sino colaboración. Las comunidades HCTI tienen una ley que permitirá cumplir aspiraciones que como sociedad tenemos, para que los beneficios de las HCTI lleguen a todas y todos. Tememos que defender la ley por el beneficio del derecho humano a la ciencia, que se haga real y concreto, para transformar al país.”

La integrante de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, Judith Celina Tánori Córdova, aseveró que la ley HCTI coadyuvará a resolver las problemáticas nacionales, terminar con la discrecionalidad con la que antes se manejaba el presupuesto en la materia y a construir un México más justo, donde las HCTI estén al servicio de la gente, por un mundo más justo y en paz.

“Es un paso fundamental hacia una política científica nacional más efectiva y justa. Garantiza que las ciencias y tecnologías estén al alcance de las y los mexicanos, fortalece la investigación en todas las áreas de conocimiento y garantiza la libertad de cátedra, de investigación y expresión.”

En representación de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María Rosario Piedra Ibarra, el secretario ejecutivo Francisco Javier Emiliano Estrada Correa, afirmó que la institución se suma a la defensa de la primera Ley General HCTI, no sólo porque garantiza los derechos humanos, sino porque es un deber constitucional proteger los derechos del pueblo establecidos en ella.

“Invalidar la LGHCTI pondría en peligro el ejercicio de los derechos humanos en el país, el cumplimiento de la misión constitucional y provocaría afectaciones graves a la sociedad, como el ejercicio efectivo del derecho a la ciencia para toda la población.”

En voz de los Centros Públicos (CP) coordinados por Conahcyt, el presidente de El Colegio de la Frontera Norte, Víctor Alejandro Espinoza Valle, mencionó que, en caso hipotético de que las acciones de inconstitucionalidad estudiadas en la SCJN prosperen, México viviría un lamentable retroceso en la articulación de las capacidades HCTI del país. 

“¿Qué implicaría que se suspenda [la LGHCTI]? Tendría efectos muy importantes en el Sistema Nacional HCTI, cuyas funciones ya tienen impacto positivo en la sociedad. Se dejarían de lado los títulos otorgados por las instituciones, la reorganización de los CP, la reforma a los estatutos y evaluación del personal, la aprobación de nuevas especialidades y programas de posgrado.”

Durante los dos días del foro abierto, Conahcyt conjuntó diversas voces para promover el análisis crítico de los argumentos en torno a la actuación del Poder Judicial de la Federación (PJF) respecto a la implementación de la legislación impugnada, particularmente, en relación con la garantía efectiva del derecho humano a la ciencia, la reivindicación de las humanidades y el nuevo humanismo mexicano, la democratización del Sistema Nacional de HCTI y la consolidación del Sistema Nacional de Centros Públicos (SNCP) del Conahcyt, contenidos en la Ley General HCTI.

En el foro también participaron: en representación de la integrante de la Junta de Coordinación Política y de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, Imelda Castro Castro, el asesor parlamentario, Paris Padilla Salazar; el director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), John Mill Ackerman Rose; el director ejecutivo de la Academia Mexicana de Derecho Digital y Tecnológico, Juan Fernando Castillejos Echandi; el director del Seminario de Amparo de la Facultad de Derecho de la UNAM, Luciano Silva Ramírez; el abogado de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), Fernando Francisco Coronado Franco; los abogados: Eduardo Andrade Sánchez y Federico Anaya Gallardo; y el profesor-investigador de la Facultad de Derecho de la UNAM, Walter Martín Arellano Torres.

Por parte del Conahcyt asistieron la coordinadora de Programas para la Formación y Consolidación de la Comunidad, Liza Elena Aceves López; el director de Consulta y Estudios Normativos, José Antonio Ruiz Martínez; la directora de Planeación y Evaluación, Viridiana Gabriela Yañez Rivas; y la directora de Estrategias y Procesos Jurídicos, Daniela Herrera Covarrubias. 

Las sesiones completas del foro “La Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el escrutinio público: El juicio sobre la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación como un punto de inflexión para la ciencia en México”, pueden consultarse en los siguientes enlaces: 23 de octubre: https://bit.ly/3qVLsIi y 25 de octubre: https://bit.ly/45PwXo1.

O bien, se pueden revisar las ponencias individuales de las y los participantes:

• María Estela Ríos González, consejera jurídica del Ejecutivo Federal.
• María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora general del Conahcyt.
• Lenia Batres Guadarrama, consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
• Raymundo Espinoza Hernández, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Conahcyt 
• María Eugenia Hernández Pérez, coordinadora temática de Educación, Ciencia y Tecnología del grupo parlamentario de Morena.
• Judith Celina Tánori Córdova, integrante de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados.
• Francisco Javier Emiliano Estrada Correa, secretario ejecutivo de la CNDH.
• Víctor Alejandro Espinoza Valle, presidente de El Colegio de la Frontera Norte.
• Paris Padilla Salazar, asesor parlamentario.
• Liza Elena Aceves López, coordinadora de Programas para la Formación y Consolidación de la Comunidad del Conahcyt.
• José Antonio Ruiz Martínez, director de Consulta y Estudios Normativos del Conahcyt.
• John Mill Ackerman Rose, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM.
• Juan Fernando Castillejos Echandi, director ejecutivo de la Academia Mexicana de Derecho Digital y Tecnológico.
• Luciano Silva Ramírez, director del Seminario de Amparo de la Facultad de Derecho de la UNAM.
• Fernando Francisco Coronado Franco, abogado de la ANUIES.
• Eduardo Andrade Sánchez, abogado.
• Federico Anaya Gallardo, abogado.

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