Autor
Dra. María Elena Álvarez-Buylla Roces
Cargo
Directora General del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías
Fecha
9 de mayo de 2024
Muy buenas tardes, les saludo a todas las personas que hoy vuelven a colmar el auditorio de este Consejo en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. La primera Ley General de la historia de nuestro país, que tal como lo indica el título de este encuentro, hoy 9 de mayo, cumple un año de haber entrado en vigor para garantizar nada menos que el derecho humano a la ciencia, para que todas las personas, sin distinción alguna, puedan seguir gozando del ejercicio del quehacer de esta actividad tan importante y también de sus beneficios que implican avances en el campo de las humanidades, de las ciencias y del desarrollo tecnológico soberano para el bienestar de todas las personas.
Es así que en este ánimo de muchísimo júbilo que nos brinda el primer aniversario de esta ley de avanzada que, por iniciativa del presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se diseñó para derribar los diques políticos y jurídicos de la época neoliberal y dio paso al establecimiento de garantías, normativas y políticas públicas fundadas en ello en el interés público y la justicia social.
Reitero la bienvenida a este renovado y fortalecido Conacyt, con H, abierto a los diálogos plurales con libertad, constructivos en favor de nuestro país, respetuosos, críticos y siempre con plena libertad para ir estableciendo en conjunto las políticas nacionales en HCTI que de verdad nos ayuden a forjar una patria más justa para todas las personas.
Este ciclo que es continuidad de las ciencias, de avances y retos de la Ley General en materia de HCTI, en su primer aniversario, es ya un gran evento porque se enmarca en un hito nacional donde personas expertas dialogan en torno a los trabajos emprendidos a raíz de la entrada en vigor de esta la primera ley; nombre que se ha popularizado ya entre las comunidades académicas, estudiantiles que están despertando y en donde la revolución de las conciencias es ya un hecho que no tiene marcha atrás.
También en todas las comunidades de base social, en las comunidades propiamente dichas, así como entre toda la población en general, que poco a poco, pero de manera constante, se ha ido apropiando, ha ido leyendo —a diferencia de algunos colegas que, con todo respeto les pido que lean; por favor opinen con toda libertad—porque se sorprenderán de cuán abarcadora, profunda y congruente es con las opiniones de colegas que genuinamente estén interesadas, interesados en el quehacer de las HCTI.
Este desarrollo de diálogos de entendimiento colectivo de los alcances que les brinda el derecho humano a la ciencia, no sólo desde las instancias públicas, sino en la cotidianidad de la vida social, puesto que, repito, el derecho humano a la ciencia es un habilitador importantísimo del acceso a otros derechos humanos, es y ha sido una fuerza más del proceso de transformación que sigue sufriendo de manera muy virtuosa nuestro país. Por ello, desde una reflexión crítica, objetiva, plural y abierta, se ahondará en estas sesiones que estamos inaugurando el día de hoy sobre las oportunidades que envuelven a las políticas nacionales de HCTI fundamentales en la Ley General para ir abriendo nuevos horizontes que ayuden a profundizar en los alcances de este reciente marco normativo.
Lo decimos con orgullo y humildad a la vanguardia internacional en esta materia y tiene ya un sentido de realidad, por ejemplo, los Programas Nacionales Estratégicos que se han impulsado desde el Conahcyt, que también están siendo vanguardistas en mostrar cómo la articulación de capacidades de HCTI permiten el avance del conocimiento en la frontera y a la vez su incidencia en temas urgentes de atender, no solamente en México, sino en el mundo entero frente a la fragilidad de la humanidad, por ejemplo, el cambio climático.
Y es que esta primera Ley General constituye un ejercicio de congruencia política que reafirma el ineludible compromiso de este gobierno con la voluntad popular, que decidió respaldar un cambio profundo, estructural y estructurante de la vida pública para consolidar la transformación, específicamente del sector de HCTI y que atiende las demandas de una sociedad cada vez más compleja, activa y plural para exigir el pleno ejercicio de sus derechos humanos.
Por eso, la importancia de la Ley General HCTI, entre otras muchas bondades, significa un cambio de modelo en México al garantizar el derecho humano a la ciencia; un derecho que se mantuvo secuestrado por intereses particulares, corporativistas y de élite durante un largo periodo neoliberal, en el que no vieron más allá que hacer de la ciencia una opción para allegarse de recursos millonarios y otras prebendas so pretexto de la innovación. Todo ello, mientras el pueblo de México se hundía en dolorosas brechas de desigualdad a falta de soluciones reales.
Ante este triste panorama, oculto en una narrativa que desdibuja la importancia y el valor del derecho humano a la ciencia para que grupos y personas siguieran viviendo a costa de ello, se emprendió un intenso proceso colectivo de construcción y validación de la Ley General que nos había encargado el presidente de la República, este fue encabezado por entonces el Conacyt sin H.
Y así, a lo largo de cuatro años, en los que participaron más de 70 mil personas, organizaciones e instituciones de los sectores público, privado y social, así como del ámbito académico y universitario nacional, se configuró un inédito proceso dialógico, participativo e incluyente de amplia construcción argumentativa y de consensos en torno a principios, objetivos y medios.
Todo ello, siempre armonizado con la demanda popular del pueblo de México y por la propia comunidad nacional de HCTI que por años fue excluida de los espacios de la toma de decisiones y la distribución de recursos; y que, además, fue subordinada a un férreo corporativismo que daba pie a privilegios cupulares y mantenía a raya las protestas de la comunidad. En ese entonces sí que no había libertad de ningún tipo y ahora, por primera vez, en esta ley general se mandata y se protege el derecho a la libertad de investigación y también de cátedra.
Fue así como se defendió desde el principio esta iniciativa de Ley General que recoge las aportaciones de otras propuestas legislativa previamente presentadas, con las cuales guarda en cuanto a los principios, más coincidencias que diferencias y por ello la insistencia y la reitero, de que se lea, que se lea a cabalidad esta ley.
Muchas de las voces supuestamente expertas que se han manifestado contra la Ley General en materia de HCTI han quedado evidenciadas públicamente por desconocer no sólo sus conceptos básicos y el diseño estructural de esta Ley General, sino también su redacción. De aquí que para superar la infodemia resulta imprescindible conocer de primera mano el texto de la iniciativa, pero, sobre todo, escuchar en voz de expertas y expertos, la discusión de cada punto que parece era controversial, a fin de ir eliminando visiones o enfoques reduccionistas y nutrir la conversación con mayor profundidad argumentativa.
Por lo anterior, es fundamental para este Consejo Nacional seguir abriendo discusiones críticas en torno a la Ley General, la cual reivindica las humanidades y las ciencias sociales como disciplinas fundamentales. Solo así, en un debate abierto público y honesto intelectualmente, podremos analizar el progreso científico y tecnológico, sus consecuencias en las formas de ser y de pensar de los seres humanos y sus entornos naturales y culturales. Y es que este marco normativo que reivindica el interés público de las actividades de investigación humanística y científica, así como de desarrollo tecnológico y también de innovación, es decir, de vinculación de este quehacer desde los centros de educación superior e investigación hacia las instancias productivas, tanto públicas como privadas, que además todas ellas, todas las actividades que son apoyadas por el Estado.
Hoy se constituye esta ley en una herramienta aliada del pueblo mexicano, porque evita que suceda lo que sucedía antes que los recursos que se usen para favorecer intereses creados de minorías mediante la simulación, el contubernio y la opacidad, si no es que también el desvío de recursos que probablemente te pudo haber ocurrido en ese sentido y es algo en lo que me gustaría hacer énfasis.
Esta ley prohíbe, por ejemplo, los fideicomisos como fuente de financiamiento de las actividades de HCTI, pues en el régimen neoliberal sirvieron para favorecer el dispendio y el uso opaco de los recursos públicos destinados en la materia. Nos encontramos en los 91 distribuidos en estos 91 fideicomisos que se fueron multiplicando desde Fox hasta que nosotros entramos a esta administración, una cantidad impresionante de miles de millones de pesos de recursos que en su momento fueron aprobados por la Cámara de Diputados, ahí dispuesto para que siguiéramos repartiendo ya sin que la Cámara de Diputados y las instancias fiscalizadoras pudieran hacer la vigilancia y asegurar que esos recursos se utilizan de la manera que se había establecido el presupuesto año con año por parte de la Cámara de Diputados.
Pero también encontramos miles de millones de pesos comprometidos en proyectos insolventes administrativa o técnicamente, que sin ningún reclamo de parte de los responsables técnicos, pudimos echar para atrás y así recuperar en total al erario más de 20 mil millones de pesos que en vez de dispensarse sin transparencia, pertinencia o sustento científico, estaban ahí listos para ser distribuidos y en cambio fueron devueltos al erario a favor del pueblo de México.
Sí se generaron estos fideicomisos para poder acumular recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación y desde ahí poderlos administrar de manera opaca y ajena a las funciones del entonces anterior Conacyt. Estos fueron aumentando a través de los distintos sexenios, el número de fideicomisos y se aprobaron a fondo perdido, recursos millonarios, empresas privadas, nacionales y trasnacionales para beneficiarse y maximizar sus ganancias. Hemos cuantificado más de 45 mil millones de pesos que se transfirieron a instancias privadas y los retornos fueron mínimos y a veces nulos.
En contraste con este dispendio que era legal muchas veces, pero ilegítimo a todas luces, además inmoral y éticamente inadmisible y, por supuesto, opaco, discrecional y contrario al interés público, al interés general, con esta ley se han eliminado normativamente todos los rebordes administrativos que permitían la fuga del dinero del pueblo de México, que es sagrado a proyectos lejanos de la ciencia y distantes del bienestar común.
A un año de la ley podemos hablar de la recuperación sólida también en otro ámbito de los posgrados públicos, ahora le llamamos el Sistema Nacional de Posgrados, el cual había sido capturado por algunas instituciones y algunos grupos, dentro de la educación pública, las cuales cobraban recursos inimaginables —más de medio millón de pesos, en algunos casos— a los estudiantes al año por concepto de inscripciones y colegiaturas en posgrados, al seno de instituciones de educación superior públicas, porque el que las privadas cobren es lo que uno espera, pero que las instituciones públicas que se venían anunciando como instituciones que ofrecían lo que mandata la Constitución, educación superior y de posgrado de calidad y gratuita, cobrasen, nos parecía totalmente inadmisible.
Actualmente, gracias a la ley, al Sistema Nacional de Posgrados, tenemos que más del 95% de los posgrados públicos son, como deben ser, gratuitos y cobran solamente lo que se les permite, ahora, como máximo cuotas de administración, lo que antes eran cuotas de inscripción y cuotas de colegiaturas muy onerosas que quitaban a las y los estudiantes, a veces el total de las becas que recibía de Conahcyt. Ya no se permiten estos abusos y se garantiza la educación, como dice la Constitución, como un derecho y no como un privilegio y además las becas se asignan igual que el resto de los apoyos que asigna Conahcyt de manera directa, a un año de la ley.
También podemos hablar de la consolidación del Sistema Nacional de Centros Públicos que normativamente son reconocidos como instituciones fundamentales para la independencia científica y tecnológica, además de articular sus capacidades de infraestructura y talento humano de manera efectiva, pero también humanista y a favor del interés general, del interés público, del bienestar de nuestra soberanía y no funcionando como instancias privadas que en muchas ocasiones es lo que ocurría en los sexenios anteriores.
Podemos enumerar una gran lista de pendientes a revisar a un año de la ley, no solo de aciertos, sino de nuevos desafíos, pero justo para ello es este conversatorio público, sin embargo, permítanme sintetizar que en estos cinco años de trabajo para hacer realidad la ley desde su concepción, diseño, elaboración, discusión, aprobación y ahora con un año de aplicarse mediante miles de acciones que comprenden convenios con entidades federativas y otras estructuras, el Estado mexicano ha logrado recuperar la rectoría en la gestión y ejecución de las políticas nacionales de Humanidades, ciencias, tecnología e Innovación y por otro lado, las actividades de HCTI, apoyadas desde el Estado no solo se han quedado en los escritorios, sino realmente han sido aplicadas y desarrolladas exitosamente en los territorios y siempre poniendo al centro de su razón los principios de rigor epistemológico, igualdad y no discriminación, libertad académica de cátedra y expresión, inclusión, pluralidad y equidad epistémicas, inter culturalidad, diálogo de saberes, producción horizontal y transversal del conocimiento, trabajo colaborativo, honestidad, ética, solidaridad, beneficio social y precaución.
No puede haber avance en el conocimiento científico y tecnológico sin principios éticos y jurídicos indispensables para garantizar la generación de conocimiento que sea realmente en beneficio de la sociedad mexicana, de la humanidad en su conjunto y este avance, a su vez, no puede llevarse a cabo, si no se garantizan las verdaderas libertades de investigación, cátedra y expresión, aspectos que, insisto, por primera vez en la historia del país, están garantizados en esta primera Ley General de HCTI.
En otras palabras, esta ley mandata las libertades de investigación y lo reitero porque es casi ya el único argumento que les queda en contra de la ley, la libertad de investigación, de cátedra y de expresión necesarias para el desarrollo de las actividades de HCTI, incluyendo la libertad para realizar actividades de investigación en condiciones que garanticen su independencia de juicio técnico y para manifestar sus opiniones, sin censura alguna, no puede haber ciencia si no hay crítica, no puede haber ciencia, si no hay independencia de pensamiento.
Esta libertad e independencia tiene que ser respecto de la institución en que se desempeñan, de sus autoridades, pero también respecto al poder a nivel del país, a los poderes del gobierno federal, de los gobiernos locales y cuando la colaboración entre personas de las academias, personas de las comunidades de HCTI y los diferentes niveles de gobierno, está enfocada en el beneficio social, no va a poder ser de otra manera más que con rigor epistemológico, es decir, con ciencia y las y los verdaderos científicos van a estar entonces en congruencia con las políticas públicas, pero no quiere decir que estén supeditadas a ellos.
Esta ley que, a un año de su aprobación y entrada en vigor, ha dejado valiosos y grandes resultados y experiencias, todavía le queda camino por recorrer, puesto que aunque algunos estados han ya armonizado sus leyes, todavía faltan algunos por hacerlo y siempre habrá cabida para mayor discusión, por ello, es que invito con muchísimo ímpetu e interés de que asistan a que entre todas las comunidades podamos seguir avanzando, recorriendo el camino que nos lleve a conseguir un real beneficio a la sociedad, al ambiente y que vaya más allá de las fronteras transexenales, territoriales, institucionales y de intereses ajenos al marco público al quehacer de HCTI que hemos impulsado desde el Conahcyt, con H, estos casi seis años.
Les invito entonces a seguir participando en esta conversación profunda que enmarca la Ley General HCTI, en su primer aniversario y quiero dejarlo muy claro: la Ley General HCTI apuesta por México y por la humanidad, por sus investigadoras e investigadores, sin quienes no tendría sentido, por las comunidades estudiantiles, el motor de todo y el futuro de posgrado, desde luego, pero también de nivel licenciatura por los actores sociales olvidados, por la tecnocracia y por las personas honestas al frente de empresas que buscan contribuir con sus inversiones al desarrollo del país y por ello es también una apuesta por el futuro de toda la población mexicana, de todo nuestro querido pueblo.
Muchísimas gracias.