Comunicados

La nota reproduce cifras aleatorias que, de forma alarmista, afirman que “hay una red de intereses para favorecer a una empresa”, “a través de adjudicaciones directas y simulación de competencia en licitaciones” (sic), citando de forma directa el nombre de la directora general del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, en el título de la versión digital, estableciendo de forma tácita que es ella la responsable de lo que falsamente reproducen.

Es indispensable entender que, tal y como establece en el artículo 84 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGMHCTI), “los Centros Públicos gozan de autonomía técnica y de gestión, de conformidad con lo establecido en esta ley, en la legislación aplicable y en sus instrumentos de creación, y la ejercerán con responsabilidad social, en favor del interés público y en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Especial y el programa sectorial correspondiente, sin perjuicio de las relaciones de coordinación sectorial que correspondan”.

También es importante resaltar que los procesos licitatorios para la contratación de bienes, obras o servicios por parte de los CP se realizan de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Asimismo, la anterior Ley de Ciencia y Tecnología, en su artículo 62, preveía la gestión presupuestaria en concordancia con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Es decir, los Centros Públicos son entidades paraestatales con personalidad jurídica propia y autonomía de gestión; aun cuando se encuentren sectorizados en Conahcyt, gozan de plena autonomía para realizar cualquier ejercicio administrativo contenido tanto en las normativas vigentes, como en las vencidas.

Todas las contrataciones que realizan los CP se basan en la normatividad aplicable en materia de adquisiciones. Por ello, afirmar de manera explícita o insinuar que su operación obedece a las oficinas centrales del Conahcyt, no sólo atiende a una visión centralista en el ejercicio de la administración pública que este gobierno de transformación ha cambiado de forma radical —mediante acciones sustantivas y estructuralmente profundas como la creación de la nueva ley en cita—, sino que falta a la verdad con base en las competencias que a cada entidad corresponde.

Las preguntas expuestas por el reportero a la Coordinación de Comunicación y Cooperación Internacional del Conahcyt para dilucidar los datos en un contexto erróneo, no es competencia ni responsabilidad del Conahcyt, dado que sus atribuciones y las de su directora general no tienen nada que ver con lo que la nota expone bajo suposiciones sin sustento, lo cual puede consultar en la nueva LGMHCTI.

Para ampliar el contexto general sobre el papel del Conahcyt en la Administración Pública Federal (APF) y los antecedentes que llevaron a las comunidades HCTI, instituciones de educación superior (IES) públicas y privadas, así como a organizaciones de base social, a participar fervientemente en la construcción de una nueva Ley General en la materia, pueden consultarse de forma pública, a través de diversas entrevistas y la más reciente conferencia de prensa matutina encabezada por el titular del Ejecutivo federal (57’04’’).

También desde 2018 quedó consignado en el Programa Institucional vigente que “los CPI operaron vinculados al sector privado y la innovación como ejes fundamentales de sus actividades de ciencias, tecnologías e innovación (CTI), bajo esquemas de productividad y competitividad que no priorizaban el bien común y el beneficio social como eje fundamental” (p. 45), lo que da cuenta de su autonomía que, incluso, en sexenios anteriores no fue ejercida del todo para el bien del pueblo de México.

Desde 2018, el gobierno detectó y consignó en este Programa Institucional que “aún hacen falta múltiples esfuerzos para articular a los CPI como red y con su entorno como bases de colaboración”, y que, “la diversidad existente entre los CPI, por sus múltiples vocaciones, normativas, presupuestos y naturaleza jurídica, hace que éstos realicen esfuerzos que, si bien son de alto impacto científico y tecnológico, resultan aislados de las políticas públicas y las necesidades nacionales, además de duplicar, en muchas ocasiones, recursos y proyectos”.

A más de cuatro años de estar consignada desde múltiples visiones la autonomía de los CP, especialmente en un contexto donde se adolecía de la articulación soberana de capacidades, finalmente hoy la Ley General en materia de HCTI ha conseguido marcar un hito en la historia, no sólo de las políticas humanísticas, científicas y de desarrollo tecnológico en el país, sino en el reconocimiento y respeto de estas entidades para deconstruir la visión centralista que por años mermó sus capacidades académicas.

La Ley General en materia de HCTI, que recién entró en vigor el 9 de mayo, hoy reconoce a los CP como instituciones fundamentales para alcanzar y consolidar la independencia científica y tecnológica del país, mediante mecanismos que contribuyan a la articulación de recursos, infraestructuras y redes a favor de la incidencia en los distintos territorios del país.

El Conahcyt que impulsa la incorporación de las humanidades y el derecho humano a la ciencia reitera su compromiso con la información rigurosa y responsable para contribuir al derecho de las personas a estar bien informadas.

Coordinación de Comunicación y Cooperación Internacional
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