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Comunicado 268

Como parte del Seminario Permanente “La Ciencia es tu Derecho. Reflexiones críticas sobre políticas, normas e instituciones”, organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se llevó a cabo la Mesa V “Mecanismos para combatir la corrupción en el sistema nacional de HCTI”, en la que seis panelistas reflexionaron acerca de los desafíos en materia de combate a la corrupción en el sector de HCTI, con el propósito de proponer mecanismos e instrumentos orientados a prevenir y erradicar dicha práctica.

El Dr. José Alejandro Díaz Méndez, titular de la Unidad de Articulación Sectorial y Regional del Conacyt, recordó que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 plantea que la corrupción es la forma más extrema de la privatización y ha dañado severamente a las instituciones, por lo que su erradicación es una prioridad para la Administración Pública Federal. Explicó que el Conacyt ha realizado acciones pertinentes, establecidas en el Plan Institucional, para fomentar el beneficio social de los programas sectoriales y ha identificado casos de simulación de las actividades científicas y tecnológicas realizadas al amparo de instrumentos como el Programa de Estímulos a la Innovación, los Fondos Mixtos y el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación, que canalizaron en dos décadas cerca de 20 mil millones de pesos sin ayudar a reducir la brecha de CTI en las entidades federativas. En ese contexto, destacó que, con esta mesa de análisis, el Conacyt promueve un diálogo necesario para despertar la conciencia crítica orientada a la defensa del interés público y la recuperación de la rectoría del Estado.

La periodista Nancy Flores, de la revista Contralínea, habló sobre la huella de la corrupción en el Conacyt. Consideró que lo ocurrido en el Consejo en sexenios pasados es un ejemplo de cómo, escudados en el prestigio público de la institución, algunos funcionarios promovieron prácticas de corrupción en beneficio de una élite. Dijo que Contralínea siguió la ruta de los recursos que se debieron destinar para impulsar el desarrollo de la CTI en beneficio de las mayorías y documentó que centenas de millones de pesos se destinaron a múltiples transnacionales para el desarrollo de sus paquetes tecnológicos a partir de la introducción del maíz transgénico y el glifosato. Explicó que estos beneficios se otorgaron gracias al Programa de Estímulos a la Innovación, mediante un mecanismo que operó a través de fideicomisos, figura legal que permitió privatizar el dinero público y cuya falta de transparencia se amparó en el secreto fiduciario, favoreciendo actos de corrupción. Destacó los casos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. y el Centro Lavin, cuyas organizaciones se crearon ex profeso para acceder a fondos públicos sin rendir cuentas a las instancias correspondientes. Por otra parte, la periodista refirió que en los tres últimos sexenios se gastaron 783 millones de pesos en 46 proyectos irregulares. En ese sentido, afirmó que no puede haber corrupción sin dos partes: la que saquea, permite y otorga, y la que recibe, compuesta por empresas, científicos y académicos.

El periodista José Ricardo Balderas Alatorre, integrante del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación y de Aristegui Noticias, comentó acerca del periodismo como herramienta anticorrupción y del leaking en la investigación corporativa. Destacó que, por segunda ocasión en los últimos 20 años, el periodismo de investigación puso a debate público el destino de recursos federales dirigidos a la producción científica en México, específicamente las investigaciones relacionadas con la estafa maestra y la mafia de la ciencia. Comentó, también, que el ejercicio del derecho a la verdad debe materializarse mediante el acceso a los procesos de fiscalización y mencionó que la publicación en 2002 de la Ley de Ciencia y Tecnología y la constitución del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. son ejemplos del mal uso de recursos públicos; aseguró que estos casos podrían prevenirse con herramientas jurídicas vinculantes que sirvan para facilitar la fiscalización social.

Por su parte, el Dr. Óscar David Rojas Silva, investigador de la UNAM, expuso criterios para la fiscalización y el combate a la corrupción en la política pública dirigida a la ciencia en México. Explicó tres niveles de corrupción: el soborno oportunista de bajo nivel, que se refiere a la mercantilización de los procesos administrativos, cooptados por el interés privado, que se expresan mayormente en obras públicas; la corrupción sistémica, en la cual todas las ramas del sector público son intervenidas por “fábricas de soborno”, al tiempo que las políticas económicas son controladas por los intereses de riqueza privada, derivando en una privatización extrema; y la corrupción sistémica económica, en la cual los componentes previos de la corrupción se conjugan para incumplir el Plan Nacional de Desarrollo y debilitar la oportunidad geoestratégica del país. Refirió, asimismo, que las políticas públicas dirigidas a la ciencia deben incluir el desarrollo de indicadores cualitativos para hacer efectivo el derecho humano al conocimiento y, al mismo tiempo, considerar tanto la implementación de mecanismos de combate a la corrupción sistémica como la generación de criterios de responsabilidad.

El Dr. Isaac de Paz González, investigador de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, habló acerca de las asociaciones civiles y su papel como administradoras de la ciencia. Expuso el marco conceptual que justifica la captura de recursos en el sistema de HCTI, especialmente por asociaciones civiles con mucho poder y presencia mediática, que generan una dinámica extractivista. Citó el caso del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico A.C., que suplantó funciones de una figura jurídica del Estado. Mencionó que la comunidad científica de las asociaciones civiles se percibe a sí misma como la única con legitimidad para hablar en defensa de la ciencia y genera una percepción mediática y social a su favor, acudiendo a procesos judiciales para justificar sus intereses.

Finalmente, el Dr. Víctor Alejandro Espinoza Valle, investigador de El Colegio de la Frontera Norte, reflexionó sobre diseño institucional y corrupción en el sistema nacional de HCTI, en particular en los Centros Públicos de Investigación. Señaló que el diseño institucional de los CPI, basado en una gobernanza establecida por lo que llamó “caudillos culturales” y caracterizada por una estructura vertical con poca institucionalidad, ha favorecido esquemas de discrecionalidad y actos de corrupción. Celebró que el Anteproyecto de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación establezca un único periodo en la dirección de los CPI, además de que la designación de los titulares estará a cargo de la Dirección General del Conacyt, en tanto que la Junta de Gobierno se encargará de la emisión de la convocatoria. Asimismo, destacó el establecimiento de la Asamblea General y de los Consejos Consultivos Internos, lo cual permitirá la participación de la comunidad nacional en órganos colegiados.

El video de la sesión de la Mesa V “Mecanismos para combatir la corrupción en el sistema nacional de HCTI” está disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3CPonH0.

Participaron:

En la quinta mesa del seminario permanente “La Ciencia es tu Derecho” participaron de forma virtual José Alejandro Díaz Méndez, titular de la Unidad de Articulación Sectorial y Regional del Conacyt; Nancy Flores, periodista de Contralínea; José Ricardo Balderas Alatorre, periodista del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) y Aristegui Noticias; Óscar David Rojas Silva, investigador de la UNAM; Isaac de Paz González, investigador de la UABC; Víctor Alejandro Espinoza Valle, investigador del Colef, y Armando Contreras Hernández, investigador del Inecol.

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