En el marco de la celebración del “Día del Nacional e Internacional del Maíz 2021” y con el objetivo de analizar a profundidad las implicaciones jurídicas, culturales, ambientales, sociales, económicas y éticas de los instrumentos jurídicos en materia de protección de obtenciones vegetales, se llevó a cabo el Webinario “Instrumentos Nacionales e Internacionales en Materia de Obtenciones Vegetales y sus consecuencias para la riqueza biocultural de México y la bioseguridad de los cultivos genéticamente modificados”.
En este evento participaron 15 destacadas y destacados ponentes de los sectores académico, productivo, social y político provenientes de Chile, Colombia, Ecuador y diversos estados de la república mexicana. La convocatoria fue realizada por el Conacyt y la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem).
En su mensaje de inauguración, la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Dra. María Elena Álvarez-Buylla Roces, dijo que la visión cultural de los pueblos originarios y comunidades campesinas dio origen a la domesticación y variedad de las plantas cultivadas que hoy sostienen al sistema alimentario mundial. Señaló que el desarrollo de variedades vegetales a través del fitomejoramiento, lejos de procurar el cuidado de la agrobiodiversidad, condujo a mecanismos de propiedad intelectual orientados al lucro y el provecho de unos cuantos.
Mencionó que el avance de los grandes capitales llevó al surgimiento de organizaciones como la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) en 1961, que es el medio legal para establecer figuras de propiedad intelectual sobre las variedades vegetales, ya sea a través de patentes, de un sistema sui generis o una combinación de ambos.
En ese contexto, la titular del Conacyt mencionó que durante el régimen neoliberal se promulgó la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) en 1996, y un año después nuestro país se adhirió al Acta 78 de la UPOV como parte de los compromisos adquiridos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Advirtió que existe presión para que México se adhiera al Acta de 1991 de la UPOV y actualice su Ley Federal de Variedades Vegetales.
Expresó que diversos movimientos y organizaciones civiles han denunciado los riesgos que representan las Actas de la UPOV como la actualización de la LFVV para los derechos colectivos de los pueblos y comunidades, y que las autoridades están obligadas a realizar un análisis de los regímenes de protección de las variedades vegetales y sus múltiples consecuencias, con especial atención en sus implicaciones sobre la contaminación transgénica de los cultivos nativos.
Finalmente, reiteró que el Conacyt de la Cuarta Transformación apoya decididamente los derechos humanos y está comprometido con el bienestar del pueblo de México. “Por el bien de todos, primero los pueblos originarios y las comunidades campesinas, cuyos sistemas agroalimentarios son la fuente de un mejor futuro para nuestro país y la humanidad entera”, subrayó.
En su turno, la senadora por Morena, Ana Lilia Rivera Rivera, recordó que el primer ordenamiento de protección al maíz en México se publicó en 2012 al promulgarse la Ley de Fomento y Protección al Maíz como Patrimonio Originario en Diversificación Constante y Alimentario para el estado de Tlaxcala, que sirvió para impulsar leyes homólogas en Michoacán, Colima, Morelos y Sinaloa, así como la Ley para el Fomento y Protección del Maíz, publicada en abril de 2020. Esta reconoce al maíz nativo y las prácticas tradicionales relacionadas con su producción, comercialización y consumo, como una derivación directa del derecho humano a la alimentación. Agregó que esta Ley establece la creación del Consejo Nacional del Maíz Nativo, órgano de consulta del poder Ejecutivo federal encargado de emitir opiniones técnicas en materia de políticas para la protección del cultivo.
Más adelante, las y los ponentes explicaron que el Acta 91 de la contiene elementos que impactan negativamente las variedades campesinas, ya que establece la privatización tanto de las variedades de maíz desarrolladas por empresas transnacionales, como del derecho sobre los cultivos. Esto es, permite a los obtentores imponer condiciones de propiedad privada sobre las semillas que se venden a los campesinos y las cosechas que éstos obtienen.
Alertaron que con la entrada en vigor del Acta 91 de la UPOV se observó una disminución de variedades vegetales; advirtieron que la propiedad por parte del obtentor se otorga por un periodo de 20 a 25 años, y que varios países de América Latina que suscribieron la UPOV 78 han incorporado a sus legislaciones nacionales algunos de los aspectos más lesivos de la UPOV 91.
Subrayaron que, ante el avance de las empresas privadas, un sistema de obtención de nuevas variedades requiere de la protección y fomento de los sistemas campesinos de conservación, el intercambio y mejoramiento de semillas, así como del restablecimiento y ampliación de los sistemas públicos de obtención de variedades.
En ese contexto, destacaron el caso de Colombia, cuya Corte Constitucional declaró inoperable la Ley que aprobó la UPOV 91, como parte de los acuerdos del TLC en 2012, por no haberse consultado previamente a las comunidades indígenas y afrocolombianas. En su dictamen, la Corte constitucional colombiana consideró que la aplicación de la propiedad intelectual sobre las semillas, avaladas por la UPOV 91, afectaba directamente los derechos ancestrales de los pueblos y comunidades, así como la biodiversidad, la cultura y los territorios.
Como ejemplo de la naturaleza dinámica del maíz, explicaron la importancia de defender su propiedad de fijación biológica del nitrógeno, ya que esta característica de la raza Olotón de la Sierra Mixe de Oaxaca es resultado del esfuerzo del mejoramiento genético autóctono, aplicado por diversas generaciones de productores mixes. Comentaron que actualmente se realiza un proyecto apoyado por el Conacyt con el fin de obtener la propiedad intelectual social de esa variedad de maíz.
En cierre del webinario, el Dr. Alejandro Espinosa Calderón, Secretario Ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), destacó el papel de la titular del Conacyt como defensor del maíz, la biodiversidad y la riqueza biocultural. Resaltó que el decreto que prohíbe la siembra de maíz transgénico y elimina progresivamente el uso del glifosato es una respuesta del Gobierno de México a la exigencia de las y los mexicanos, y afirmó: “Somos gente de maíz … Estamos convencidos que sin maíz y sin frijol, no hay país”.
Participaron:
Además de la directora general del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, intervinieron de forma virtual la senadora por Morena, Ana Lilia Rivera Rivera; la integrante de la organización Grain-Chile, Camila Montecinos; el investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Antonio Turrent Fernández; el integrante del Grupo Semillas, Germán Vélez Ortiz; el investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Oscar de la Torre de Lara; la investigadora del Instituto de Biología de la UNAM, Ana Wegier Briuolo; la integrante de la Red por una América Libre de Transgénicos, Elizabeth Bravo; la integrante del Grupo ETC, Silvia Ribeiro; el diputado electo por Colima y miembro del Frente en Defensa del Maíz, Alfredo Álvarez; la integrante de la Campaña Nacional Sin Maíz no hay País, Viridiana Lázaro Lembrino; el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Manuel Becerra Ramírez; la representante de Organizaciones Campesinas y Populares, Imelda Alquicira Arenas; la investigadora de la UAM-Xochimilco, Yolanda Massieu Trigo; la integrante de la Fundación Semillas de Vida, Malin Jönsson; el integrante del Grupo Vicente Guerrero, Pánfilo Hernández Ortiz; la representante de la agrupación Demanda Colectiva-Vía Orgánica, Mercedes López Martínez; y el secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, Alejandro Espinosa Calderón.
Comunicado 248/2021
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