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En el marco de la discusión pública sobre una reforma integral al Poder Judicial en México, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), en concurrencia con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), inauguraron el foro internacional denominado “La impartición de la justicia en tiempos de la 4T: claves para la democratización del Poder Judicial en México”, con actividades de forma híbrida los días 27 y 29 de noviembre y 1° de diciembre del año en curso. 

En la inauguración del foro, la directora general del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, destacó la importancia de abrir espacios de diálogo para clarificar el papel de jueces, magistrados y ministros de cara a una próxima reforma, dado que las demandas ciudadanas de democracia y participación, austeridad, transparencia y rendición de cuentas sólo han tenido eco en las sedes legislativa y de la administración pública, pero no en el PJ. 

Por el contrario, dijo, “la presidencia del máximo tribunal del país se ha opuesto a algunos cambios impulsados por los representantes populares al defender sus privilegios y ejercer sus atribuciones de espaldas al pueblo de México”.

Afirmó que la participación de la comunidad humanística y científica es fundamental para enriquecer el debate sobre los retos y oportunidades que se abren para el PJ en el contexto de la presente administración federal, “bajo el entendido de que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio, por lo que el más alto tribunal del país no está exento de velar por el interés público nacional y garantizarlo sentencia a sentencia”.

Añadió que corresponde a este renovado Conahcyt impulsar la renovación de la teoría jurídica en México, mediante la formación de abogados y juristas, “no sólo técnicamente competentes, sino también empáticos y comprometidos con el cambio social y el bien común, así como apoyar a la ciencia básica y de frontera en todos los campos del conocimientos, entre ellos, sin lugar a dudas, en el ámbito del Derecho y la investigación jurídica con incidencia social para la atención de los grandes problemas nacionales”.

Por su parte, el magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela y coordinador general del Instituto de Investigación y Postgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, Luis Fernando Damiani Bustillos, profundizó en la necesidad de promover en México un cambio de paradigma jurídico paralelamente al cambio social que el gobierno federal impulsa. 

“Hay que producir un cambio jurídico distinto al neoliberal. Un nuevo Derecho que debe ser usado para la defensa de las causas populares, encarando la ideología del capitalismo.[…] El reto es transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento de una democracia social y participativa.”

Expuso el proceso para la democratización del Poder Judicial en Venezuela, donde el poder ciudadano, que integra una comisión donde participan diferentes organizaciones académicas, es quien estudia los perfiles de los concursantes a una magistratura y los presenta al público.

“El poder ciudadano, que es el poder popular, que lo representa la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público, estudian y filtran los currículums, las conductas y el comportamiento de estos candidatos, y después de este filtro y debate —porque también los candidatos tienen la oportunidad de defenderse ante el poder ciudadano—, los perfiles se presentan a la Asamblea Nacional es la que elige a nuestros ministros”.

Sin embargo, también acotó que esta reconfiguración del PJ —que surge en la Cuarta República con el derecho a organizar la administración de justicia— es más compleja y enfrenta como principal obstáculo la “toma de la subjetividad”, que es una estrategia del bloque Atlántico (Europa y Estados Unidos), a través de la cual buscan crear condiciones objetivas que afecten el poder popular valiéndose de prácticas de corrupción, cohecho y algunos delitos que generan malestar en los sectores populares. 

Sobre la remuneración de jueces y magistrados, Luis Fernando Damiani explicó que el Poder Judicial en su país tiene un presupuesto autónomo, “pero los magistrados tenemos un sueldo mínimo y nuestra calidad de vida es muy humilde con el sentido de ir dando el ejemplo e ir construyendo una igualdad social [ ] Aunque, claro, nuestros magistrados y jueces son militantes comprometidos con el proceso de transformación, y los valores ya no son crematísticos, sino principios para construir una sociedad más igual”.

Por ello, insistió en que la participación del poder ciudadano y popular en la reconfiguración del Poder Judicial es fundamental para lograr un auténtico cambio social; “la única manera es que la comunidad conozca a sus jueces y controlen a sus propios jueces”. 

El director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), John Mill Ackerman Rose, consideró que, en las épocas de transformación de nuestro país o luchas populares “siempre hemos tenido un correlato jurídico […], nosotros tenemos la posibilidad de transformar el Derecho liberal monárquico-conservador, en un Derecho liberal, libertario y transformador en honor a Adolfo Gilly”.

Explicó que la visión conservadora del Derecho es “una herencia monárquica” que se puede observar en el pasaje histórico del liberalismo mexicano, “individualista, de control social, conservador, basado en estos valores monárquicos y elitistas” pero que registró su contrapeso con los hermanos Flores Magón, con una filosofía identificada con el mismo nombre, pero con carácter “transformador y revolucionario”.

John Ackerman recordó al desaparecido Adolfo Gilly, pero también a “Pablo González Casanova, a Enrique Dussel, a Miguel Concha, a Héctor Bonilla, actor, de un pensamiento crítico; realmente este año, este periodo es un momento de reflexión y de atender de los maestros; pues Adolfo Gilly, en la Revolución interrumpida hablaba muy claramente de esto”.

La sesión inaugural del foro internacional fue moderada por el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Conahcyt, Raymundo Espinoza Hernández, quien enfatizó la urgencia de impulsar la reflexión jurídica, profunda y rigurosa, así como la renovación de la teoría jurídica y la teoría del Derecho en México.

Al respecto, indicó que “para transformar el Derecho, para transformar las instituciones, se requieren abogados. Pero para que esto suceda y la transformación sea consecuente, se requieren abogados con conciencia social, con acceso a la información científica, al desarrollo tecnológico, a las innovaciones y con una formación humanística. Es muy importante y es parte del esfuerzo con el que nosotros colaboramos”.

Con estos diálogos, el Gobierno de México, a través del Conahcyt y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, promueven el pensamiento crítico, libre e informado, desde la diversidad de opiniones y el debate constructivo, para contribuir a la reconstrucción de un Estado democrático de derecho orientado al bienestar y a la justicia social.  

A la sesión inaugural asistieron más de 50 abogadas, abogados y personas servidoras públicas de las Secretarías de Gobernación, Función Pública, Salud y Cultura, así como de otras instituciones de la Administración Pública Federal. El resto de las actividades del foro internacional “La impartición de la justicia en tiempos de la 4T: claves para la democratización del Poder Judicial en México”, se pueden consultar el siguiente enlace: https://bit.ly/3YWywP0.

Los debates y mesas de análisis serán públicos en los siguientes enlaces: 29 de noviembre, https://bit.ly/3qV3Kta; 1° de diciembre: https://bit.ly/48UWSwY.

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