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Para avanzar en el análisis de las políticas, normas e instituciones del sector de las HCTI, durante la cuarta sesión del Seminario Permanente “La Ciencia es tu Derecho”, un grupo de expertas y expertos analizaron de manera crítica los mecanismos de apropiación y aprovechamiento privados de la propiedad intelectual derivados de los proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, quienes enfatizaron la necesidad de identificar esquemas para salvaguardar el interés público y el beneficio social en materia de propiedad intelectual.

Al dar la bienvenida, la Dra. Delia Aideé Orozco Hernández, directora adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación del Conacyt, destacó la importancia de analizar los esquemas de transferencia a la sociedad de los bienes y productos generados con financiamiento público, así como el marco de operación de la propiedad intelectual. Asimismo, explicó la estrategia implementada desde el Consejo para hacer más eficiente el uso de los recursos públicos a través de las agendas de los Programas Nacionales Estratégicos y explicó que, bajo el principio de la Cuarta Transformación de fortalecer lo público para el beneficio de las mayorías, desde diciembre del 2018 el Conacyt se comprometió a aplicar el conocimiento científico en soluciones sustentables con incidencia social, mediante la articulación de la propiedad intelectual con los cinco elementos del modelo de innovación Pentahélice. El objetivo, dijo, es crear valor económico responsable y alcanzar una innovación transformadora donde el conocimiento se considerado como un bien común.

El primer ponente, Dr. Andrés Barreda Marín, investigador de la UNAM, puntualizó que la propiedad privada promueve una relación de posesividad dirigida a los objetos y apunta a la apropiación de la subjetividad de los individuos. En el caso de la propiedad intelectual, ésta busca apropiarse del flujo de conocimientos basados en el intelecto, en un proceso de “cosificación” de una realidad colectiva, que se ha dirigido también a la privatización de los flujos del lenguaje. Señaló que el capitalismo del siglo XX entró en una dinámica de concentración extrema de capital que favoreció la consolidación de un patrón tecnológico alrededor del avance de la industria petrolera y la industria informática.

La Dra. Lucía Mantilla Gutiérrez, investigadora de la Universidad de Guadalajara, aseguró que el conocimiento es inherente a los seres humanos y que, por tanto, debe ser entendido como un bien común. Enseguida explicó que en las últimas décadas se promovió la privatización de los recursos públicos, mermando el estado de la ciencia a favor de la innovación con efectos mercantilistas, así como la comercialización de la obra intelectual al concebirla como un “producto”. Aseguró que, durante esos años, se defendieron los intereses de las empresas nacionales y trasnacionales más poderosas. La Dra. Mantilla también aseguró que el cambio que actualmente atraviesa el Conacyt implica el despertar de un debate filosófico, epistemológico y social sobre la naturaleza del quehacer científico y mencionó que el derecho humano a la ciencia, el diálogo de saberes, la equidad epistémica y la ciencia abierta son conceptos rectores de esa transformación.

Por su parte, el Ing. Héctor Chagoya Cortés, de la empresa Mextrategy expuso los modelos para la transferencia a la sociedad de desarrollos de ciencia y tecnología financiados por el Estado. Resaltó que, al ser considerada como un derecho humano, la propiedad intelectual garantiza la protección de los derechos de las y los autores de innovaciones ante el avance y poder del capital económico. Consideró que los gobiernos deben tomar en cuenta tres factores al momento de impulsar la propiedad intelectual: la responsabilidad fiduciaria, es decir, que el uso de los recursos sea en beneficio del pueblo; el impacto social con metas de desarrollo sostenible, y el impacto económico que impulse a las empresas locales y a las entidades federativas. Destacó que la innovación debe seguir una línea de desarrollo que cubra u ofrezca soluciones ante una necesidad, así como la viabilidad técnica para realizarla y los mecanismos de financiamiento. Sobre los modelos de propiedad intelectual explicó que, actualmente, opera el modelo híbrido de fomento y vigilancia del Estado, que apunta a la inversión orientada a problemas nacionales; la capacidad de la institución encargada de entregar licencias; el fomento de la innovación abierta; la formalización de las relaciones con la industria y el retorno de la inversión al Estado.

Los doctores Eligio Cruz y Mario Castillo, investigadores de la UNAM, reflexionaron en torno a la propiedad intelectual científica, tecnológica y cultural en los ámbitos individual, colectivo y comunitario. El primero advirtió que, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, 8 de cada 10 inventos en América Latina son patentados por empresas extranjeras y aseguró que las empresas latinoamericanas rara vez deciden patentan sus creaciones por miedo al despojo. Dijo que no se trata de cambiar las leyes de propiedad intelectual sino de vigilar que ésta proteja el interés nacional, el de los pueblos originarios y el los emprendedores, que representan el 99 % de la estructura productiva de México. Aseguró que vivimos en un sistema en el que se despoja de su riqueza a las personas, organizaciones y comunidades en beneficio de intereses ajenos a los colectivos. Por su parte, Mario Castillo comentó que los creadores de las comunidades originarias han sido víctimas del despojo de sus conocimientos y saberes. Refirió que, en el contexto de la globalización, es preciso rechazar los paradigmas que modifican la diversidad y la intolerancia que ignora la individualidad de las personas.

Más adelante, la Dra. Teresa Vázquez, investigadora de la UACJ habló sobre propiedad intelectual e interseccionalidad. Explicó que para entender la propiedad intelectual en el contexto de las instituciones de educación superior y la sociedad es necesario enfocarse en un análisis de las escalas e intersecciones inherentes a las jerarquías y diferencias de los productores del conocimiento. Agregó que la protección de los derechos humanos está influenciada por una interpretación de las múltiples escalas e interseccionalidades que ha favorecido el despojo de los saberes en las comunidades del país, y puntualizó que la apropiación privada de estos saberes depende de la escala en dónde se den y de la condición de sus generadores. Criticó que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C., haya financiado a una empresa transnacional con el objetivo de llevar a cabo prácticas de privatización de saberes mediante la introducción de sus semillas transgénicas y el condicionamiento de las comunidades a la adquisición de su paquete tecnológico. Con esta práctica, dijo, se invisibiliza la interseccionalidad de las comunidades mediante prácticas clasistas y el no reconocimiento de las personas.

Finalmente, el Dr. Leonardo Toledo, investigador de El Colegio de la Frontera Sur, reflexionó sobre las cadenas de producción de conocimiento en México y el extractivismo de saberes. Destacó el doble momento que ocurrió en el contexto de la pandemia provocada por el Sars-CoV-2, que en un inicio propició un trabajo colaborativo y de intercambio de información pero que, en marzo de 2020, los países más industrializados comenzaron a establecer políticas de restricción de información. Criticó el modelo de publicación en revistas científicas y aseguró que es una cadena de explotación, en el que las revistas y las editoriales reciben los textos de forma gratuita y, además, los autores e investigadores tienen que pagar para que pueda ser consultado. Señaló que la investigación debe derivar en beneficios públicos, y para ello la investigación financiada con fondos públicos debe publicarse en revistas de acceso abierto y no privadas.

Las y los interesados en consultar el contenido de la IV Mesa “Propiedad Intelectual, beneficios privados e interés público”, pueden hacerlo a través del siguiente enlace: https://bit.ly/3HAXuub

Participaron:

La cuarta mesa del seminario permanente “La Ciencia es tu Derecho” contó la participación virtual de la directora adjunta de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación del Conacyt, Delia Aideé Orozco Hernández; el investigador de la UNAM, Andrés Barreda Marín; la investigadora de la UdeG, Lucía Mantilla Gutiérrez; el representante de la empresa Mextrategy, Héctor Chagoya Cortés; los investigadores de la UNAM, Eligio Cruz y Mario Castillo; la investigadora de la UACJ, Teresa Vázquez, y Leonardo Toledo, investigador del Ecosur.

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