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Para construir una sociedad más libre, igualitaria, justa y próspera, la iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI) crea el Sistema Nacional de Centros Públicos (SNCP), cuyas bases generales se fundan en el pensamiento racional, reflexivo, dialógico, crítico y creativo para alcanzar una auténtica ciencia para México.

Contrario a lo que voces disidentes y de frágil rigor afirman sobre la iniciativa de Ley General, presentada por el titular del Ejecutivo federal e impulsada desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la propuesta no contempla la desaparición o debilitamiento de los Centros Públicos de Investigación (CPI); por el contrario, los reconoce como instituciones fundamentales para alcanzar y consolidar la independencia científica y tecnológica del país, mediante la conformación del SNCP como herramienta de articulación de recursos, infraestructuras y redes.

Como integrantes del SNCP tendrán como objetivos: impulsar el avance del conocimiento universal; realizar investigación en ciencia básica y de frontera; fortalecer el desarrollo de tecnologías estratégicas, así como promover la aplicación novedosa de las ciencias y las tecnologías en el mejoramiento o generación de nuevos productos, servicios, procesos productivos o sistemas de gestión; todo ello, con apego pleno a los principios de pluralidad y equidad epistémicas, con lo que se reconoce la libertad de pensamiento de los CPI.

Además, los CPI podrán llevar a cabo labores de formación a nivel posgrado, contribuyendo a la formación especializada y de alto nivel de la comunidad en las áreas y campos de competencia que refieran en su objeto de creación. En beneficio del pueblo de México, la iniciativa de Ley General mandata que, tanto los estudios de licenciatura como de posgrado que impartan los CPI serán gratuitos, revirtiendo la tendencia privatizadora que se vivía en el seno de estas instituciones públicas y que también cobraban colegiaturas. 

Las propuestas contenidas en la iniciativa de Ley General en materia de HCTI buscan revertir los yerros del pasado, los cuales favorecieron intereses individuales mediante criterios utilitarios y elitistas. En su lugar, reivindica la labor de los CPI a favor del interés nacional y la consecución del bienestar social. Con esta iniciativa, los CPI brindarán la solvencia humanística, científica, tecnológica y de innovación indispensable para la comprensión y atención integral de problemáticas nacionales, así como para la toma de decisiones en asuntos públicos a partir del conocimiento científico y sus aplicaciones tecnológicas desde un enfoque intercultural y de derechos humanos.

Los CPI continuarán siendo entidades paraestatales de la Administración Pública Federal (APF); estarán coordinados por el Conacyt; gozarán de autonomía técnica y de gestión, y podrán continuar las actividades en el ámbito de las HCTI, con un ejercicio transparente y riguroso del uso y destino de los recursos públicos, teniendo la posibilidad de generar recursos propios, en una lógica distinta a la del interés privado, auspiciado por el régimen neoliberal.

El quehacer de los CPI tendrá como fuente de financiamiento público el recurso presupuestario, sujeto a los principios constitucionales de transparencia, austeridad, economía, eficiencia, eficacia y honradez, prohibiendo la creación de fideicomisos como los que en el pasado facilitaron el manejo opaco del gasto público y transferencias millonarias al sector privado que financiaron proyectos que, en muchos casos, no derivaron en los resultados esperados; además, propiciaron que algunos centros de investigación se condujeran como empresas con criterios de competitividad empresarial y laboral, y al margen de las comunidades académicas; incluso, evadiendo disposiciones como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

La iniciativa de Ley General en Materia de HCTI garantiza mejor articulación de los CPI, en el marco de un Sistema Nacional que favorezca la operación transparente, al tiempo que asegura que exista mayor participación de las comunidades a través de órganos de representación y consulta sustantiva, tales como una asamblea del personal de investigación humanística y científica, desarrollo tecnológico e innovación; un consejo consultivo y una comisión dictaminadora, además de los órganos de gobierno y administración y del comité externo de evaluación.

Las bases generales para crear el Sistema Nacional de Centros Públicos también contemplan atribuciones para promover las actividades necesarias para obtener el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual de los desarrollos tecnológicos e innovaciones realizadas con dinero público, así como para realizar la importación de los insumos necesarios para la investigación en materia de HCTI.

Con estas acciones de fortalecimiento institucional y trascendencia administrativa que se proponen en la iniciativa, la propuesta de Ley General pretende transformar la política científica en una más amplia, incluyente, integral y participativa, que posibilite acciones transversales para reforzar el bienestar del pueblo de México y garantizar su derecho humano a la ciencia. 

La iniciativa del Ejecutivo federal con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, la cual fue presentada el 13 de diciembre de 2022 a la Cámara de Diputados para su consecuente revisión y consideración, puede consultarse en su versión íntegra en: https://bit.ly/3jSiC7K.

Conacyt 345/2023
Coordinación de Comunicación
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