A escala global, la ganadería extensiva tradicional en zonas áridas es esencial tanto para la seguridad alimentaria como para el bienestar social de estas regiones; al igual que para la provisión de servicios ecosistémicos, como el mantenimiento de paisajes heterogéneos que favorecen la diversidad biológica, la conservación de paisajes bioculturales y del conocimiento ecológico tradicional, e incluso la prevención de incendios forestales. Muchos de estos sistemas ganaderos están altamente adaptados a la variabilidad espacio-temporal de los recursos naturales de los que dependen (agua y forraje), así como a perturbaciones y cambios frecuentes en su historia (sequías periódicas). Sin embargo, en las últimas décadas se ha evidenciado la existencia de un proceso de cambio global que compromete la capacidad adaptativa de estos sistemas socioecológicos. Tal proceso lo ha causado el extenso y acelerado uso de los recursos naturales del planeta por la sociedad global en los últimos 70 años; aunado con la creciente contaminación e hiperconectividad global. Este cambio acelerado a escala global está desestabilizando los procesos de regulación clave de nuestro planeta.
A pesar de que actualmente el aporte al PIB nacional del subsector de la ganadería es menor al 1 %, las 818 000 personas que se ocupan en esta actividad manejan poco más del 55 % de la superficie del país; la mayoría de pastoreo extensivo y bajo un régimen de tenencia de la tierra ejidal. Sin embargo, producto de la liberalización de los mercados agropecuarios, las modificaciones al Artículo 27 constitucional y a la Ley Agraria, se han profundizado la atomización y el minifundismo en la propiedad social, lo que ha provocado sobreexplotación de la tierra, erosión, aprovechamiento insostenible, abandono de las actividades agropecuarias y envejecimiento generacional.