En 2005 se dió a conocer el proyecto de la presa El Zapotillo para abastecer de agua a algunas regiones de los estados de Jalisco y Guanajuato. Entre las consecuencias de su operación estaba la inundación de tres poblados en Jalisco, Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y el desplazamiento-reubicación de sus habitantes. Ello generó un conflicto territorial, entre las comunidades y el Estado, que duró más de 16 años.
Para este caso, se reunió evidencia de que en las tres comunidades, el conflicto detonó una serie de afectaciones psicosociales que repercuten en la forma de ser y actuar de las personas y colectividades, al grado de generar rupturas en la cohesión del tejido socio-comunitario. Se asume, y se prevé, que para otros conflictos por la imposición de megaproyectos (oleoductos, aeropuertos, minas, corredores turísticos, campos de golf, entre otros) también ocurre el mismo fenómeno. En ese sentido, se vislumbra un área de oportunidad clave para que el Gobierno de México identifique y reconozca el problema. La ausencia de modelos para abordar este tipo de casos con enfoque psicosocial, obliga a plantear la investigación e incidencia como un proceso colaborativo con las comunidades y a construir metodologías mediante la documentación, sistematización y análisis de las experiencias, de modo que permitan proponer modelos de evaluación y acompañamiento situados, trasdisciplinares y que valoren y reconozcan la agencia de las personas y los pueblos, para que tengan la potencialidad de ser replicables en experiencias similares a nivel nacional.