El estado actual de los recursos hídricos es de una creciente privatización, explotación intensiva y deterioro de su calidad, situación que coloca en franca desventaja y vulnerabilidad a los pueblos y comunidades rurales.
Los pueblos indígenas en cabezas de cuenca captan casi el 25 % de toda el agua del país. Sin embargo, sus territorios son asediados por grupos de interés económico para la generación de electricidad, el abastecimiento en las ciudades, la agricultura intensiva y la industria extractiva. Esta situación afecta gravemente sus modos de vida, pues viola el derecho de los pueblos indígenas a conservar y proteger su ambiente, preservar la integridad y la capacidad productiva de sus tierras, es decir, su derecho a la libre determinación.