NAYELHI I. SAAVEDRA
Investigadora en C. Médicas en la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

La investigación es una función sustantiva para todos los sistemas de salud porque permite prevenir y controlar enfermedades y trastornos, así como proponer respuestas ante las necesidades sanitarias de las poblaciones. En México, una parte importante de este tipo de investigación se realiza en los institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad que, si bien cuentan con la capacidad humana y material para desarrollarla, presentan condiciones que tienden a limitarla en número y alcances. Los principales obstáculos están relacionados con la falta de presupuesto y aspectos estructurales que definen la forma en que se administran, regulan y evalúan las actividades científicas y los productos de la investigación.

La carencia presupuestal guarda una estrecha relación con el bajo porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que México invierte en investigación y desarrollo (I&D) ya que, durante las últimas dos décadas, ha oscilado entre 0.3% y 0.4%. Este porcentaje no se ajusta a la recomendación del 1.5% emitida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para los países en desarrollo. La nuestra es la más baja de todas las naciones pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Lo anterior tiene un impacto negativo tanto en el número de investigadores como en el de publicaciones científicas, dos de los indicadores clave para evaluar el avance en I&D de un país. 

Los sistemas de evaluación del trabajo de investigación implementados en México y en América Latina, desde 1980, han sido una forma de responder a las políticas de racionalización del gasto público mediante la congelación de los salarios y el empleo. Todas estas medidas fueron fomentadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Internacional de Desarrollo (BID). Aunque la implementación de estos sistemas no fue precedida por estudios piloto ni por diagnósticos institucionales, la comunidad científica la aceptó para atenuar el deterioro salarial. Desde entonces hasta ahora, no se ha llegado a un consenso acerca de cuáles serían los criterios adecuados para evaluar el trabajo de los investigadores. Los más utilizados son la capacidad de conseguir financiamientos externos y la de mantener un trabajo continuo sin solicitar financiamiento o la experiencia internacional (estancias e intercambios). La preferencia por unos u otros criterios ha variado, pero, en las últimas décadas, los indicadores bibliométricos –factor de impacto (FI), índice H, índice G, índice AR, etc.– fueron ampliamente aceptados debido a su carácter cuantitativo y apariencia objetiva. Sin embargo, se ha demostrado que carecen de sustento teórico, pues presentan un alto nivel empírico y dependen de datos que resultan imprecisos. Por otro lado, el uso de índices bibliométricos permite que se subestimen las publicaciones en español y que los investigadores prefieran publicar sus resultados en revistas extranjeras, lo que demerita el valor científico de las revistas iberoamericanas y la difusión del conocimiento en el ámbito regional. 

Evaluar el trabajo de investigación es indispensable y podría convertirse en un instrumento axial para fortalecerla si se cuenta con un sistema de evaluación adecuado. Para construir dicho sistema se debe evitar la inclusión de criterios que, hasta ahora, han dado lugar a prácticas indeseables, como la rivalidad hostil entre los integrantes de la comunidad científica, debido a la disputa por los recursos financieros o la adopción de la “solución de compromiso”, que consiste en que los investigadores privilegien alguna actividad (como escribir artículos o buscar financiamiento) y le dediquen la mayor parte de su tiempo.

Algunas recomendaciones para evaluar el trabajo de investigación son recurrir a la autoevaluación o a la evaluación por pares externos a la institución de adscripción del evaluado. En el caso particular de la investigación en salud, dada la heterogeneidad de disciplinas que participan, convendría conformar un grupo interdisciplinario de evaluadores y establecer un conjunto de criterios consecuentes con cada una de las diferentes disciplinas. Cualquier forma de evaluación debe aspirar a convertirse en algo más que un instrumento para fiscalizar el gasto en I+D, a promover la productividad y eficiencia a nivel grupal e institucional, así como fortalecer la colaboración, cooperación y solidaridad entre los integrantes de la comunidad. Lo anterior podría tener un impacto positivo en la investigación en salud y, por ende, contribuir de manera más amplia y robusta con la prevención y control de los problemas sanitarios de la población.

REFERENCIAS

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