ALEJANDRO CALVILLO
Director de la asociación civil El Poder del Consumidor.

Si para el 2010 los mexicanos nos habíamos convertido en los mayores consumidores de agua embotellada en el mundo, con un promedio de 234 litros por persona al año, para el 2012 ya habíamos obtenido otro reconocimiento mundial como los mayores consumidores de bebidas azucaradas, con la alarmante cantidad de 164 litros por persona al año. Nos convertimos en el mejor negocio para Coca-Cola, PepsiCo, Danone y Nestlé, empresas que han llegado a dominar más del 80 % de este mercado. De acuerdo con Euromonitor, en 2019 se consumieron 5 000 millones de litros de agua embotellada en México y las ventas ascendieron a 60    100 millones de pesos, lo que proyecta un aumento de 9 % entre 2019 y 2024. 

La Red Mexicana de Acción por el Agua (Freshwater Action Network Mexico, FANMex) ha estimado que cada día se tiran 21 millones de botellas de plástico en nuestro país, lo que nos convierte, sin duda, en el mayor generador de este tipo de basura en el mundo. Desde hace años estas empresas han realizado toda una campaña para aparentar ante la opinión pública que se preocupan por el reciclado de sus desechos, mismos que tienen una vida en el ambiente de cientos de años. En este año, la organización Break Free From Plastic, con el apoyo de voluntarios en 55 países, recolectó 347  000 piezas de plástico tiradas en todo tipo de entornos y concluyó que Coca-Cola, PepsiCo y Nestlé son las principales responsables de la contaminación por plásticos en el planeta. 

Mientras los mexicanos dejábamos de beber agua de la llave, las concesiones de extracción de agua a las empresas de bebidas se multiplicaron por todo el país. Se sabe que la producción de un litro de agua embotellada supone el gasto de cinco a seis litros del líquido y, en el caso de las bebidas azucaradas, cada litro requiere la inversión de más de diez litros. En la mayor parte de los casos, el agua desperdiciada es de muy buena calidad. ¿Por qué los mexicanos dejamos de beber agua de la llave? ¿Por qué ya no tomamos agua de la manguera como cuando éramos niños? ¿Por qué ya no hay bebederos en todas las escuelas y en los espacios públicos?

La desconfianza en la calidad del agua entre los mexicanos surgió de eventos reales, como los daños causados por el terremoto de 1985 a la red de distribución de agua potable en la Ciudad de México y la epidemia de cólera en el país en 1991. Sin embargo, estas situaciones fueron aprovechadas por las grandes empresas que, mediante una exitosa estrategia mercadológica, lograron presentar su producto como la única opción segura. Debido a que el Estado dejó de garantizar la calidad del agua en el servicio público y no hubo información actualizada al respecto, se crearon las circunstancias propicias para que dicha estrategia publicitaria triunfara. 

Desde entonces, las grandes corporaciones se han beneficiado de que el Estado no garantice que el agua que entrega al 92.3 % de la población (de acuerdo con Conagua) sea realmente potable. En las distintas zonas de la Ciudad de México contamos con agua de calidades muy variables. Sin embargo, quienes reciben agua de buena calidad no lo saben y, en su gran mayoría, no la aprovechan, no la utilizan para beber. El problema fundamental es que no existe acceso a la información acerca de la calidad del agua que llega a nuestros hogares.

El agua embotellada representa uno de los absurdos extremos de un sistema de mercado que socializa los daños y privatiza los beneficios. A estas grandes corporaciones se les entregan concesiones que, en la práctica, les regalan el acceso al agua y les permiten después comercializarla, lo que representa enormes ganancias para ellas y graves daños ambientales y sociales. De acuerdo con un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo de 2011, el gasto en agua embotellada realizado por las familias de menores ingresos representa entre el 5 y el 10 % de sus percepciones. 

El mercado del agua embotellada ha estado siempre ligado al de las bebidas azucaradas, no sólo porque se trata de las mismas empresas, sino también porque una bebida define el precio de la otra, en una lógica que sólo está interesada en generar mayores ganancias para las empresas y no en resolver las necesidades de la población. Así, en ciertas regiones rurales la estrategia empresarial es mantener los precios entre una y otra muy similares, y centrar su publicidad y distribución en las bebidas endulzadas, de manera tal que los consumidores prefieran hidratarse con estas últimas. 

¿Por qué empresas como Coca-Cola y PepsiCo prefieren que se consuma su bebida endulzada por encima de sus aguas embotelladas? Puede pensarse que esto es ilógico, ya que el costo de producción de la bebida endulzada es unos centavos mayor al del agua. Sin embargo, el agua embotellada no genera fidelidad ni adicción a la marca. Es decir, si usted toma Coca-Cola no va a cambiar a Pepsi, pero no tendría ningún problema en tomar hoy agua de la marca Ciel y mañana cambiar a E-pura. Y lo que quieren las empresas de alimentos y bebidas es su fidelidad-adicción al producto. Por ello es tan importante el diseño y la publicidad que, en el caso de las bebidas de cola, es particularmente intensiva. Esto, aunado al poder adictivo del azúcar, la cafeína y otros ingredientes que desconocemos porque son parte de su «fórmula secreta», permite generar consumidores constantes de este tipo de productos. 

El impuesto a las bebidas azucaradas tiene el propósito de ampliar la brecha de precio entre ambos productos para favorecer el consumo de agua embotellada. Las ganancias pueden y deben estar destinadas a crear las condiciones para mejorar la calidad del agua que se ofrece en la red de distribución y al establecimiento de bebederos en escuelas y espacios públicos. Para que el agua embotellada deje de ser la única alternativa, es necesario que el Estado brinde obligatoriamente agua de calidad para beber y que existan programas de promoción de filtros, para que éstos se vuelvan parte de la utilería de los hogares. Por último, para remediar el impacto de los altos precios del agua en la economía de las familias de menores ingresos, debe hacerse valer el artículo 28 de la Constitución, según el cual el Ejecutivo Federal tiene la facultad de imponer precios máximos de productos:

• Por considerarlos necesarios para la economía nacional y consumo popular.
• Para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediarios innecesarios o excesivos provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios.

El acceso al agua de calidad para beber debe estar garantizado por el Estado, pues el artículo 4 de la Constitución establece que «Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible». Debido a que éste es un bien de consumo popular, debe establecerse un control de precios y, sobre todo, deben generarse las condiciones para que el uso de agua embotellada sea la excepción y no la regla. De esta manera podrán reducirse los graves impactos que el abastecimiento de agua para consumo humano tiene en el medio ambiente y en la economía de las familias.