En 2016, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, aprobó la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto en la que se señala que el gobierno abierto es “el conjunto de mecanismos y estrategias que contribuye a la gobernanza pública y al buen gobierno, basado en los pilares de la transparencia, la participación ciudadana, rendición de cuentas, colaboración e innovación, centrando e incluyendo a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, así como en la formulación e implementación de políticas públicas, para fortalecer la democracia, la legitimidad de la acción pública y el bienestar colectivo”.
En ese mismo sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos a través de la Recomendación sobre gobierno abierto, emitida en 2017, define al gobierno abierto como “una cultura de gobernanza que promueve los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y la participación de las partes interesadas en apoyo a la democracia y el crecimiento inclusivo”.
Para promover un modelo de gobernanza más abierta y horizontal que implique la colaboración entre ciudadanos y autoridades públicas, en 2011 se fundó la Alianza para el Gobierno Abierto la cual está integrada por 78 gobiernos de todo el mundo y diversas organizaciones de la sociedad civil.
México es uno de los 8 países fundadores y, para lograr sus compromisos, creó la figura del Comité Coordinador de la Alianza para el Gobierno Abierto en México para liderar el proceso de construcción, implementación y evaluación de los Planes de Acción Nacionales. El Comité Coordinador es un grupo multiactor representado por la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y Organizaciones de la Sociedad Civil.
Es por ello que, la Secretaría de la Función Pública funge como punto de contacto del gobierno de México ante la Open Gobernment Partnership (OGP) y tiene como compromiso llevar a cabo las estrategias para fomentar el diálogo y la colaboración permanente con la sociedad civil y otras partes interesadas no gubernamentales, siendo esto último un requisito de la OGP a fin de fomentar la participación ciudadana a través de “hacer que la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones sean más transparentes, creando y utilizando canales para solicitar comentarios públicos y profundizando la participación pública en el desarrollo, monitoreo y evaluación de las actividades gubernamentales” y “crear mecanismos para permitir una mayor colaboración entre los gobiernos y las organizaciones y empresas de la sociedad civil”.}
