Comunicados

Ciudad de México, 27 de agosto de 2019.

En el marco del ciclo de conferencias y mesas de diálogo “Ciencia por México”, este miércoles se llevó a cabo la mesa El derecho a la ciencia en México: Los retos del nuevo Conacyt, en el auditorio Eugenio Méndez Docurro del Conacyt, en la que participaron los siguientes legisladores y especialistas en materia jurídica: las diputadas Alejandra Pani Barragán, y María Eugenia Hernández, secretarias de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados; la Mtra. Diana Milena Murcia Riaño, directora de Política y Normativa de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem); el Dr. Sergio García Ramírez, profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; el Dr. Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM; el Dr. Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y el Dr. Eduardo López Betancourt, presidente del Tribunal Universitario de la UNAM.

La Mtra. Karla Peregrina Oropeza, coordinadora de Proyectos, Comunicación e Información Estratégica del Conacyt, quien acudió en representación de la titular del consejo, la Dra. María Elena Álvarez-Buylla, afirmó que: “La ciencia es fundamental para el desarrollo cultural, humano, económico y tecnológico de cualquier nación. En un país con realidades sociales dolorosas, ningún presupuesto destinado para el desarrollo científico y tecnológico tiene justificación si no está alineado y comprometido con el reconocimiento de estas problemáticas y con sus soluciones”, y que el Nuevo Conacyt reconoce que la construcción de soluciones reales requiere de la acción concertada de la academia, científicos y tecnólogos, en aras de conseguir una mayor igualdad social: “La construcción de un proyecto de ciencia al servicio de México debe estar atravesada por una revisión y un ajuste valientes y decididos del entramado jurídico de la mano de especialistas, hacia un desarrollo científico y tecnológico caracterizado por un sentido social y comprometido con el cuidado del ambiente”.

Por su parte, el Mtro. Raymundo Espinoza Hernández, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Conacyt, afirmó que “los cambios siempre son difíciles, no sólo porque se heredan inercias y hábitos, formas de entender y de hacer las cosas, sino también porque hay resistencias activas que se oponen a los cambios reales, a las transformaciones, incluso al reconocimiento del otro y al diálogo entre pares.”

En su discurso, la diputada Pani Barragán, enfatizó en la necesidad y pertinencia del diálogo luego de la reforma al artículo tercero constitucional, fracción V, sobre el derecho de toda persona a los beneficios del desarrollo científico y tecnológico, y tomando también en consideración el artículo 6 transitorio del decreto de reforma sobre la obligación del congreso para expedir la Ley de Ciencia, artículos que van de acuerdo con el nuevo régimen, el cual abandonará la mercantilización del conocimiento para solucionar los grandes problemas nacionales de México. La diputada Hernández Pérez, secretaria de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, celebró la apertura al diálogo por parte de la titular del Conacyt, quien, a partir de ese tipo de mesas, se propone reflexionar sobre el tránsito y la transformación del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, de manera que refleja el proyecto de la Cuarta Transformación que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Uno de los fundadores del Conacyt, el Dr. García Ramírez, expresó que la perspectiva de análisis debe partir desde un enfoque de justicia y crecimiento que alcance a todos los habitantes de la República; es decir, desde un enfoque de derechos humanos, en apego a los ordenamientos de derecho internacional como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros. Dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado sobre el tema, específicamente la primera sala: “Juntos, el derecho y la ciencia, constituyen un medio para asegurar la legitimidad de las decisiones gubernamentales a partir de las diversas modalidades de relación entre ambos”. Esa ciencia debe mirar hacia los problemas nacionales y proveer soluciones, sin aldeanismo, sin aislamiento. Es indispensable mantener puertas abiertas a todas las corrientes de pensamiento, de la ciencia y de la tecnología, pero cuidando que todo ello se aplique en beneficio de nuestro desarrollo, de nuestra libertad y de nuestra justicia, entendida como justicia social”. La institución y el sistema en los que se inserta el Conacyt deben transitar, sobre la base del consenso razonable y razonado, a un verdadero sistema nacional con objetivos claros y comunes, objetivos compartidos, así como distribuir competencias y responsabilidades a los tres niveles de gobierno. Para ello valdría la pena pensar en una suerte de “Pacto Nacional por la Ciencia”.

El Dr. Salazar Ugarte dijo que la Ley de Ciencia “debe ser un instrumento claro que facilite lograr los objetivos para los que va a ser creada y que, por el contrario, evite que la Ley se convierta en sí misma en un aspecto controvertido, controvertible y disputable. La Ley debe ser un vehículo que permita potenciar su objeto a partir de sus características: una ley clara, una ley breve y una ley que sea eficaz para su objeto”. Y subrayó: “no perdamos de vista que la labor científica, tecnológica, de innovación y también la humanística, requiere tener orientaciones de largo plazo”. Insistió también en que el marco normativo debe ser sensible a ello sin que se suponga prescindir de la evaluación.

En su intervención, el Dr. Contreras Bustamante habló del carácter inédito de que el Conacyt haya convocado a la comunidad jurídica de la Universidad, pues la Facultad de Derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas están tratando de aportar opiniones, conocimientos y experiencias al Conacyt, debido a lo relevante que es para el país.  “México vive una crisis social de gran magnitud. La dimensión ética de nuestra convivencia social debería de ser motivo de un permanente esfuerzo gubernamental para la reconstrucción del tejido social y, ciertamente, esto no estaba sucediendo. El problema de la violencia, por citar otro ejemplo, es quizá el más agobiante para la sociedad mexicana.” También manifestó su beneplácito por el hecho de que el Conacyt vaya a reconocer las labores de docencia, la producción de textos de divulgación, tarea fundamental de transmisión de conocimiento que se realiza en la Facultad de derecho.

Una de las participaciones que más destacó fue la del Dr. Eduardo López Betancourt, presidente del Tribunal Universitario de la UNAM, quien ofreció su testimonio: “Con la autoridad que me confiere ser el autor del mayor número de obras jurídicas, mi actividad docente de 54 años ininterrumpidos y mi vocación por la ciencia del derecho, considero que los principios rectores que crearon el organismo Conacyt en la práctica se desviaron para permitir un burocratismo atroz y el incremento de grupos de poder. Un ejemplo personal: hace 20 años fui considerado nivel 1 y en 20 años no he podido aprobar la asignatura para el nivel 2. Cuando fui designado nivel 1, tenía la cuarta parte de la obra jurídica que hoy ostento, siendo el doctor con mayor cantidad de obras en la Editorial Porrúa. Constituye una pena cómo se hicieron las mafias en el Conacyt. ¡Hay que denunciarlos! Personas que se apoderaron del organismo hicieron grandes negocios y no aceptan el cambio, no lo permiten, no lo desean. En esta dimensión, la reestructuración estratégica se hace indispensable”.

Bien lo señaló el director: ¿cuántos profesores de derecho, de su gran calidad jurídica, somos partes del Sistema Nacional de Investigadores? ¡Muy pocos! Se nos menospreció. Se consideró que una obra de texto no era de investigación. ¿Dónde quedaron entonces los clásicos? ¿Dónde quedó Raúl Cervantes Ahumada? ¿Dónde están las obras de Rojina Villegas? ¿No eran trabajos de investigación los de don Roberto Mantilla Molina? ¿No fueron acaso la base de sustentación por la que se creó, sin duda a mucha honra, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, anteriormente denominado de Derecho Comparado? ¿Por qué el menosprecio a los abogados? ¿Por qué marginarnos a los abogados? Porque no formamos parte de esa mafia.

Posteriormente el Dr. López Betancourt, también manifestó su apoyo a la titular del Conacyt: “Venimos a respaldarla, venimos a decirle: «Dra. María Elena Álvarez, estamos contigo por un cambio en donde se dé a cada quien el lugar que merece». Ya basta de mentiras, ya basta de engaños, ya basta de dar dinero para proyectos tan estúpidos Yo creo que es el momento del cambio, y aquí la doctora no está sola. Yo siento que la presencia del director, lo dicho por el doctor Contreras, fue muy claro: aquí está la Facultad, aquí están mil 500 profesores, juristas destacados, seminarios, apoyando al Nuevo Conacyt. Reclama el país que el Conacyt sea distinto. Que se conozca claramente adónde va el dinero, a quién se le da y para qué se le da”.

El ciclo de conferencias y mesas de diálogo “Ciencia por México” se realizará en el auditorio Eugenio Méndez Docurro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología hasta diciembre del presente año, todos los miércoles a partir de las 11:00 horas.  La próxima conferencia será “Ciencia abierta y transparencia institucional”. La transmisión puede seguirse a través de las diversas plataformas y redes sociales del Conacyt. 

Asistieron:

Además de la Mtra. Karla Peregrina Oropeza, en la mesa “El derecho a la ciencia en México: Los retos del nuevo Conacyt”, estuvieron presentes las diputadas Alejandra Pani Barragán y María Eugenia Hernández, secretarias de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados; la Mtra. Diana Milena Murcia Riaño, directora de Política y Normativa de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem); el Dr. Sergio García Ramírez, profesor emérito de la UNAM y ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; el Dr. Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM; el Dr. Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y el Dr. Eduardo López Betancourt, presidente del Tribunal Universitario de la UNAM. Entre algunos de los asistentes, estuvieron la diputada María Eugenia Hernández, secretaria de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados; el Lic. Ignacio Cabrera, representante de la senadora Beatriz Paredes, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República; la Dra. Aideé Orozco, directora adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación del Conacyt; el Dr. Alejandro Díaz, director de Centros Públicos de Investigación; el Mtro. Raymundo Espinoza Hernández, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Conacyt, y el Dr. Juan José Serrato, director de Centros Públicos de Investigación.

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Comunicado 61/19